Que gran polémica desató la liberación de Raúl “N” y Carlos Daniel “N”, ex funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente estatal que estaban en prisión desde hace un par de meses en medio del escándalo por la presunta red de extorsión millonaria contra verificentros. El asunto es que se daba por hecho que todo estaba en firme luego del trabajo de investigación realizado por la Fiscalía mexiquense con base en denuncias… y de pronto, se reclasifica el delito y con módicos 5 mil pesos salieron como Pedro por su casa, ante la indignación generalizada.
El asunto es que este tema pega negativamente y en carambola de tres bandas, empezando porque afecta el esfuerzo que esta administración ha hecho contra la corrupción, mismo que ya es parte de su discurso. Después, las implicaciones políticas que tiene, al tratarse de un área de gran influencia para el Partido Verde, ligado aún a la 4T y en plena definición de aliarse o no para la carrera electoral de 2027. Y, finalmente, está la muy posible percepción popular de impunidad.
Que por cierto, fue muy sentida la expresión de la secretaria de la Contraloría del gobierno mexiquense, Hilda Salazar Hill, quien en comparecencia pidió a las y los legisladores “tener dientes” para que pueda castigar, y así optimizar el control interno y combate a la corrupción al sancionar faltas graves. Actualmente la ley sólo les permite castigar “las leves” y los casos de malas conductas de mayor peso se deben turnar al Tribunal de Justicia Administrativa.
Que hablando de impunidad rampante, organizaciones sociales hacen notar lo que todo mundo ya sabe y diariamente padece: a un año del incremento de 12 a 14 pesos en la tarifa del transporte público en la entidad, la prestación del servicio por parte de los concesionarios continúa deficiente.
Son frecuentes los accidentes viales de unidades concesionadas, muchas en pésimas condiciones, además de la falta de pirámides tarifarias y el incumplimiento de compromisos de los transportistas; por ejemplo los cobros preferenciales o gratuidad a adultos mayores, niños pequeños y personas con discapacidad… ¿Un sueño guajiro?