Que tras la tragedia en la Secundaria General 13 en el Ejido La Unión que dejó luto y consternación, la Dirección de Seguridad Pública en Torreón aceleró el paso para no dar la impresión de estar cruzada de brazos. Desplegaron al K-9, activaron pláticas con la Unidad de Prevención y sacaron a relucir hasta el C2 y la pegada de códigos QR en las puertas de los planteles para crear grupos de WhatsApp.
Aunque la reacción de la corporación busca enfriar los ánimos y mandar un mensaje de control, entre la comunidad docente y los padres de familia queda flotando el amargo sabor de que las medidas preventivas llegan a marchas forzadas solo cuando el agua ya le llegó al cuello.
Dicen los que están bien enterados en los pasillos de la policía municipal que donde andan haciendo malabares para recuperar la confianza es en el mando de vigilancia sectorial. La orden que bajó desde arriba fue contundente: rondines a las horas de entrada y salida sin margen de error y monitoreo permanente en las cámaras que apuntan a las escuelas. El verdadero reto para la corporación no será tomarse la foto con los binomios caninos en el “Operativo Mochila” ni juntar a padres de familia para la charla, sino sostener la presencia en el mapa escolar una vez que pase la marejada mediática, pues la lupa política y social sobre el desempeño de la seguridad local está más firme que nunca.
Que en los pasillos del Palacio Legislativo de San Lázaro comenzó a sonar con fuerza la iniciativa del diputado federal panista Marcelo Torres Cofiño para dar un respiro a las micro, pequeñas y medianas empresas. La propuesta busca que las MIPYMES con siete años consecutivos de cumplimiento fiscal puedan acreditar hasta el 100% de su ISR causado, siempre que dicho monto se destine a inversión productiva, capacitación o tecnología.
Dicen los que saben que la idea de “convertir impuestos en inversión” busca cambiar el chip hacendario para dejar de ver al contribuyente solo como una caja chica y empezar a premiar a quien genera empleo y mantiene sus cuentas en orden.
Que en el Palacio de Gobierno de Coahuila y en los pasillos de la Secretaría de Educación ya comenzaron a encenderse focos de alerta de todos los colores. Y es que la tragedia vivida en la Secundaria General 13 del ejido La Unión, en Torreón, no solo dejó dolor, sino que puso al descubierto el enorme vacío en políticas públicas de salud mental para los jóvenes laguneros.
templete@milenio.com