Que en las oficinas del Centro de Justicia Municipal volvió a crujir el piso y no precisamente por un temblor. Se confirmó otra baja de peso: le aplicaron el “gracias por participar” a Humberto Palacios Rojas, quien hasta hace poco se desempeñaba como Jefe de Peritos Viales. Si hay alguien que conoce a detalle las entrañas y los vericuetos del polémico negocio de las grúas en la ciudad, es precisamente él. Desde el año 2022 llovían las denuncias ciudadanas por cobros estratosféricos en el servicio de arrastre, donde los afectados terminaban pagando casi 4,000 pesos, a pesar de que la Ley de Ingresos de ese mismo ejercicio fijaba una tarifa oficial de apenas 690 pesos. El abuso no paraba ahí: el costo por día de permanencia en el corralón se disparó hasta rozar los 200 pesos, cuando la norma establecía un tope de 90 pesos por cada 24 horas. Palacios Rojas tiene mucho que explicar sobre cómo se solapó este esquema tarifario “fantasma” que desangró a los torreonenses.
Que laborar en el Centro de Justicia Municipal se ha convertido en una profesión de alto riesgo, al grado de que el personal bromea con que van a necesitar casco de protección industrial; y no para acudir a los peritajes en la vía pública, sino para atajar la lluvia de cabezas que están por rodar. A partir de este viernes, la Consejería Jurídica tomará el control operativo e intervendrá de lleno la dependencia. La instrucción es categórica: revisar hasta el último rincón, inspeccionar expedientes, auditar nombramientos y evaluar el desempeño de cada funcionario.
Que por los rumbos del Simas Torreón, el proceso de reorganización administrativa sigue sacando chispas y destapando cañerías. Hasta el momento han sido dadas de baja cerca de 30 personas, al tiempo que se logró meter en cintura el exorbitante gasto en horas extras, un rubro descontrolado que le costaba al organismo operador la friolera de 2 millones de pesos semanales. El plan de austeridad también alcanzó al turbio negocio de las pipas de agua: al auditar las bitácoras diarias, las cuentas sencillamente no cuadraban, pues se pagaban más unidades de las que físicamente podían prestar servicio operativo en un lapso de 24 horas.
Que finalmente, solo una intervención divina —o un pacto en la sombra— explicaría por qué la Comisión Federal de Electricidad jamás le cortó la energía a los pozos de abastecimiento de Simas, aun cuando la paramunicipal arrastraba un adeudo histórico e impagable. Al interior del organismo era un secreto a voces la verdadera razón de este “milagro”: varias instalaciones operaban al margen de la norma y permanecían prácticamente “colgadas” de la red eléctrica para evitar que la ciudad se quedara sin agua. Un escándalo que apenas comienza a salir a la luz.
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