Que en los pasillos del Palacio de Gobierno en Saltillo se respiraba un ambiente entre la indignación y la suspicacia tras el fiasco de Ciesa en el proceso de subasta de Ahmsa y Minosa. Y es que el gobernador Manolo Jiménez no se guardó nada al cuestionar cómo demonios las instituciones dejaron avanzar a una firma con un capital contable de apenas 5 millones de pesos para ofertar por un gigante de 1,400 millones de dólares.
Con su ya conocida máxima de que «si camina como pato, parece pato y le sale un cuac, pues es pato», el mandatario dejó entrever que el asunto apesta a algo más que simple ingenuidad institucional. La pregunta que flota en el aire es: ¿quién y con qué intención permitió que una empresa que «no calificaba ni para sacar un crédito de Infonavit» le jugara el dedo en la boca a miles de familias monclovenses?
Que la Fiscalía General de la República no le quita el ojo de encima a las finanzas municipales, y esta vez el agua empezó a hervir por el lado del SIMAS Torreón. Cuentan que la FEMDO solicitó expedientes completos sobre una licitación de mantenimiento a pozos que ronda nada más y nada menos que los 60 millones de pesos. Gerardo Márquez Guevara, titular de la Consejería Jurídica, y Xavier Herrera Arroyo, gerente del organismo operador, tuvieron que soltar los contratos de volada ante el requerimiento federal.
En los corrillos políticos se comenta que el caso de la detención del exsecretario del Ayuntamiento, José Elías, y su esposa Martha “N” sólo era la punta del iceberg de una carpeta de investigación mucho más pesada. ¿A cuántos más alcanzará la salpicada?
Dicen los que saben que en el Ayuntamiento de Torreón más de uno está haciendo memoria y revisando papeles a marchas forzadas. Tras la aprehensión ejecutada de madrugada por agentes federales en la que cayeron exfuncionarios, choferes y allegados —mismos que ya duermen en penales federales de Morelos y Oaxaca vinculados a proceso por delincuencia organizada—, la presión de la FGR escaló de nivel. Trascendió que la solicitud de información al SIMAS busca seguir la ruta del dinero de empresas contratistas en la administración pasada.
Las malas lenguas aseguran que con tres meses de investigación complementaria por delante, la FEMDO apenas está armando el Rompecabezas y que el expediente de los 60 millones sacará a flote varios nombres que hoy presumen total tranquilidad.
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