Que nadie en la dirigencia nacional de Morena ha querido salir a responder sobre las impugnaciones de los aspirantes que quedaron inconformes con los resultados de las encuestas y tampoco se ha aclarado por qué hay documentos fechados antes de la sesión en la que se presentaron y donde ya había ganadores, como los casos de Marina Vitela y Salomón Jara, hasta con cuatro días de anticipación. Por cierto, los PDF ya fueron eliminados de los estrados electrónicos del partido.
Que la vinculación a proceso de José Manuel del Río, colaborador de Ricardo Monreal en la Junta de Coordinación Política del Senado, amplía la lista de quienes son identificados como “presos políticos” del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, como Tito Delfín Cano, candidato a la dirigencia estatal del PAN; Rogelio Franco, ex dirigente del PRD; Fabián Cárdenas, alcalde electo de Lerdo de Tejada; Gregorio Gómez, candidato a la alcaldía de Tihuatlán; Azucena Rodríguez, ex diputada federal del PRD; Ramón Ortiz, líder sindical, y Yolli García, ex comisionada del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, así como seis jóvenes detenidos por “ultrajes a la autoridad”.
Que desde el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, festejaron la publicación y entrada en vigor del convenio internacional Unidroit, que suscribió el gobierno mexicano y fue avalado por esa cámara para proteger los bienes patrimoniales nacionales y combatir su venta en el extranjero. Con esta medida, por la que el canciller felicitó a los legisladores, se busca atajar en otros países de manera primordial las subastas de arte extraído de manera ilegal.
Que el gobierno de BC hizo saber que la empresa Frutteto, contratada para surtir alimentos a penales, no pertenece a los hermanos Padrés sino a Mario Puebla, José Antonio Martínez y Manuel Canale, quienes niegan relación con partidos. Anotado.