Que esta semana el tema de la justicia dominará la agenda pública nacional, pues por un lado la Fiscalía General de la República atraerá las miradas por su imputación contra César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, acusado de traición a la patria, mientras que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que entrarle al asunto de la saxofonista María Elena Ríos, atacada con ácido por un exdiputado del PRI en Oaxaca y quien desde hace siete años no ha tenido justicia.
Que la lucha contra la evasión fiscal alcanzó a proveedores del propio gobierno, pues tres de las cinco certificadoras a las que el SAT retiró la autorización por operar con factureras aparecen en registros de contratación con dependencias federales. Se trata de DigiFact, FactureYa y EdiFactMx, con antecedentes de servicios para Finabien, Cinvestav y SICT, una muestra de que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no hizo excepciones entre quienes tenían relación profesional con el sector público y servían al crimen.
Que sigue vigente la leyenda de que la silla de la Secretaría Ejecutiva del INE tiene poderes para forzar renuncias, enfermedades, declinaciones o lo que el momento amerite, pues este fin de semana se supo por los medios de Chihuahua de la llegada de Claudia Espino como directora Jurídica de la SSP local. Sí, se trata de la misma funcionaria que dimitió horas antes del arranque del proceso actual con el argumento de problemas de salud que impedían su labor. ¿Se habrá hecho ya una limpia el nuevo encargado, Roberto Félix? No vaya a ser.
Que ante las protestas ciudadanas por posibles modificaciones al impuesto predial y las medidas planteadas para terrenos baldíos y subutilizados, las autoridades responsables del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México recularon y acordaron revisar en consulta pública los apartados que han generado controversia. Por lo pronto, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, pintó su raya desde la semana pasada y se comprometió a que no habrá aumento de tarifas.