Que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se dio cuenta 24 horas después de que los mandatarios estatales de su partido cerraron filas y mandaron, cada uno por su lado, mensajes en redes de respaldo a la Presidenta, por lo que ayer se sumó a la demanda de que se lleven a cabo acciones para sanear el Instituto Nacional Electoral, “libre de negocios al amparo del poder y que garantice elecciones limpias”. Anoche, por cierto, el árbitro por fin formalizó su denuncia ante FGR “contra quien resulte responsable” en la trama Guadalupe Taddei y amigos.
Que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar, conversó en la Cámara de Diputados con los titulares de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, y de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños, para solicitarles que en el Presupuesto 2027 queden etiquetadas las partidas del Poder Judicial correspondientes al Órgano de Administración, al Tribunal de Disciplina Judicial, al Electoral y a la propia Corte, evitando así diferendos, malos entendidos y hasta conflictos por los más de 72 mil millones de pesos que el próximo año ejercerán los juzgadores federales.
Que una delegación de funcionarios mexicanos, estatales y federales, junto con miembros de la iniciativa privada, viaja a Israel para participar en una serie de cumbres sobre ciberseguridad e inteligencia artificial, como parte de la colaboración binacional en esos temas. Ayer, por cierto, el embajador Yoed Magen se quejó de una “campaña antisemita” en redes desde hace dos meses.
Que a falta de oposición, vaya líos de Morena en tres alcaldías de Ciudad de México rumbo a 2027. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia ha recibido quejas de pleitos entre la diputada local Ana Luisa Buendía y el alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, así como en Miguel Hidalgo, donde la diputada federal María Teresa Ealy denunció a la legisladora capitalina Ceci Vadillo, ambos casos por actos “en contra de los principios de la 4T”. En Iztacalco, en tanto, un grupo de 12 militantes denunció a la gobernante, Lourdes Paz, por corrupción con una empresa constructora. ¡Qué bonita familia!