Que nada más alejado de la realidad que el supuesto distanciamiento entre la presidenta Claudia Sheinbaum y su secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, por los vientos adversos que a veces sacuden a la República y que han despeinado a más de uno en las últimas semanas; se sabe que en Palacio Nacional no hay ninguna duda de la lealtad y el compromiso con los que se opera desde Bucareli, y que más allá de eso sólo hay oportunismo político para generar un supuesto clima de inestabilidad que no existe.
Que pese a tener la lupa encima, el consejero Jorge Montaño no sufre ni se acongoja y ayer mismo estuvo en Tabasco para aplaudir “los logros y avances” del gobernador Javier May; el viaje al Edén se da a partir de esas invitaciones “oficiales” que sus pares suelen rechazar en apego a su labor de neutralidad electoral, excepto el aludido, quien es muy dado a las selfis con cuanto político se deje. Por cierto, este fin de semana el INE seguía sin consenso sobre el siguiente movimiento en torno a las renuncias del clan Taddei a las áreas técnicas, aunque dicen que poco a poco se irán yendo por su propio pie.
Que la intervención del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, fue fundamental para frenar el paro de la semana pasada encabezado por los trabajadores del Poder Judicial contra el esquema de evaluación y devolver la calma al personal; sin embargo, no se puede decir lo mismo del titular del Órgano de Administración Judicial, Néstor Vargas Solano, a quien se atribuye la “provocación” que puso en guardia a los empleados de todo el país, además de intentar sanciones al personal de carrera judicial que no aprobara los exámenes respectivos.
Que Erika Vásquez Estrada y Emmanuel Molina Vázquez, esposa e hijo de Irineo Molina Espinoza, exalcalde de Tuxtepec, denunciaron la semana pasada en San Lázaro que el exmorenista, hoy de MC, sufre una persecución política desde el gobierno de Salomón Jara en Oaxaca, luego de que fue detenido y ya recibió prisión preventiva como presunto responsable de uso ilícito de atribuciones y facultades, pese a que es un delito, dicen sus familiares, cuya penalidad contempla sanciones que no necesariamente implican cárcel.