Que el presidente del Congreso del Estado, Pavel Gaspar, se pronunció a favor de reducir el presupuesto del Poder Legislativo local, así como disminuir el número de regidores en los ayuntamientos, al considerar que es momento de revisar los gastos que genera la estructura del servicio público. Dijo que desde Morena se respaldarán las propuestas de reforma electoral impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, conocidas como Plan B, las cuales buscan ajustar el funcionamiento de diversas instituciones y órganos de representación.
Que la oposición plantea modificar el Código de Instituciones y Procesos Electorales con el objetivo de que quienes aspiren a un cargo de elección popular deban someterse a exámenes de control de confianza. Durante la sesión ordinaria del Legislativo local, la priista Delfina Pozos explicó que la propuesta contempla la aplicación de exámenes toxicológicos y pruebas de polígrafo como parte de los requisitos para registrar candidaturas, argumenta que quienes busquen representar a la ciudadanía deben acreditar condiciones de integridad.
Que sobre la discusión de la reforma electoral para elegir a integrantes del Poder Judicial, la diputada de Movimiento Ciudadano, Fedrha Suriano, advirtió que la ley no debería decidirse por popularidad ni por voto en las urnas. Sostuvo que el modelo planteado corre el riesgo de convertir la impartición de justicia en un ejercicio sujeto a intereses políticos o campañas, cuando lo que se requiere es fortalecer la autonomía y preparación técnica de quienes integran dichas instituciones. Una voz que se suma a las que han cuestionado el alcance de la propuesta.
Que un grupo de taxistas de Tehuacán bloqueó la Plaza de Cobro 76, donde realizaron una manifestación para exigir a la Secretaría de Movilidad y Transporte acciones concretas contra las plataformas digitales que operan en el municipio. Los trabajadores del volante señalaron que aplicaciones como DiDi, inDrive y Pronto continúan prestando servicio en la ciudad, pese a las solicitudes que han presentado al gobierno estatal para regularlas o retirarlas de la región.