El debate nacional en torno a los lineamientos que tienen que seguir los medios de comunicación, radio y televisión, para garantizar el derecho de las audiencias, además del político y de los concesionarios de medios electrónicos, también ha escalado a niveles de los académicos, lo que ha llevado a una amplia discusión sobre si realmente se trata de una censura o apertura a los ciudadanos para cuestionar lo que difunden los medios.
Hasta el momento las posturas en torno a este debate de los partidos políticos y de los líderes de opinión y concesionarios de los medios de comunicación han quedado solo en narrativas de críticas y de expresiones de censura, pero hasta el momento no ha habido una postura unánime que fije la oposición de quienes están siendo requeridos con los nuevos lineamientos para que nombren un defensor de las audiencias y hagan público su código de ética.
Es obvio que en esta lucha traten de definir si se está coartando o no la libertad de expresión, o si se trata de quitar libertad o limitar la forma de transmitir la información. Es un tema que ha hecho que los partidos políticos se han subido al ring y obviamente, los que están de lado del gobierno federal defienden y promueven que se haga el reglamento jurídico que establezca dichos lineamientos.
Por el otro lado están los representantes de oposición, haciendo lo propio, cuestionando y criticando esta iniciativa que lleva ya varias semanas en el debate público, o mejor dicho en el mediático.
Hasta ahora en el Estado de México no ha habido pronunciamientos tan álgidos como los que se están dando a nivel nacional. Obvio que no lo habrá por ejemplo en Televisión Mexiquense porque es un medio público que hoy está bajo la tutela del gobierno en turno, que es morenista.
En algunos espacios informativos, como estaciones de radio en Toluca, ya se han llevado a cabo mesas de debate entre especialistas y conocedores del tema, así como de académicos que se han involucrado para conocer los alcances de estos lineamientos que se proponen por parte del gobierno federal.
El hecho es que en el Estado de México la situación seguramente será tersa y, de aprobarse los lineamientos de acuerdo a los resultados de la consulta, seguramente se tomarán en cuenta y entonces, en el caso exclusivamente de las estaciones de radio concesionadas, deberán autonombrar a sus defensores de audiencias y publicar sus códigos de ética. Lo mismo harán las filiales de la televisión privada.
El punto es que se desgarran las vestiduras los dirigentes políticos en aras de buscar un beneficio electoral y queda claro que lo que menos les importa tanto a los opositores como a los propios legisladores del oficialismo, son los derechos de las audiencias, sino saber quién tiene más y quién se impone más. Y obtener rendimientos electorales.