Casi la mitad de los hogares (47 de cada 100) aún no cuentan con conectividad regular al internet. Esto equivale a 16.4 millones de hogares desconectados de la red mundial.
La más reciente Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2018 del Inegi revela que se ha frenado el ritmo de conexión de hogares. En 2016 este indicador crecía 22.2%, 11.1% en 2017 y desaceleró a tan solo 5.4%.
Un reporte de The Competitive Intelligence Unit expresa que la estadística evidencia la creciente dificultad de alcanzar hogares en el margen, en buena medida por los costos crecientes del despliegue de su infraestructura.
La compleja y agreste geografía, así como la vasta dispersión poblacional, dificultan y encarecen la provisión de servicios derivados de las infraestructuras, como carreteras, agua potable, electricidad y las telecomunicaciones, entre otras. Esto resulta de que la provisión de sus servicios demanda mayores inversiones que en otras latitudes.
Resulta complejo económicamente llegar a poblaciones con pocos habitantes, en comunidades remotas y en condiciones de rezago.
Por ello, es menester generar las condiciones necesarias para incentivar el despliegue de infraestructura y consecuentemente, dar fin al escenario de déficit para alcanzar la conectividad universal. Con base en la experiencia internacional de formación de capital para la conectividad en países de la OCDE, se estima que los costos de despliegue de infraestructura en el primer 5% de la población fueron 3.5 veces mayores que en el rango de 50 por ciento.
Asimismo, el punto de menor costo marginal se encuentra alrededor de 55 por ciento de penetración poblacional, a partir de este los costos se pueden triplicar para alcanzar un nivel de plena conectividad.
Surge la pregunta: ¿Cuánto cuesta cerrar la brecha de conectividad?
En un escenario y condiciones como las actuales, el monto requerido para cubrir el déficit de infraestructura y cerrar la brecha de conectividad de nuestro país asciende a 187.5 mil millones de pesos. Esto sin considerar costos de mantenimiento de la infraestructura ya existente.
Para alcanzar este cometido, se requerirá generar los incentivos adecuados y la certidumbre legal necesaria.