La conducta de los diputados del PRIAN del Congreso local es similar a la de un niño malcriado y mentiroso que ha crecido en el seno de una familia disfuncional que, frente a sus padres y hermanos, quiebra un vaso y, asustado, grita: “¡Yo no fui!”.
Con una diferencia: el niño teme al castigo porque a veces sus padres lo han hecho y otras no, los diputados no temen consecuencias; hagan lo que hagan, saben que no habrá repercusiones.
Sí, no hay duda, los diputados saben que la política es el lugar privilegiado de la impunidad. A eso se atienen.
He ahí por qué ha sido posible que en la elección de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, el pasado 31 de agosto, ante las cámaras de video de los smartphone, medio que posibilita contar con pruebas irrefutables, los prianistas, como buenos discípulos del Eugène Robert-Houdin en el arte de la prestidigitación, desaparecieron un voto para agandallar la Mesa Directiva.
Para unos, haya sido o no legal la elección de la Mesa Directiva, deben sesionar, ya que en la pasada Legislatura los emecistas estuvieron sin asistir a sesiones durante siete meses; y ahora, en la LXXVII Legislatura, ya van seis veces que no sesionan.
Tan fácil que sería repetir la votación para verificar el resultado; pero lo fácil se convierte en difícil o imposible cuando, ante la carencia de cultura democrática, impera el irracional principio: “Jalisco nunca pierde y cuando pierde, arrebata”.
A mí me parece grave la parálisis legislativa, y para evitarla sería bueno implementar los siguientes mecanismos.
Reformar la Ley Orgánica del Congreso del Estado y el Reglamento interno de dicha institución para regular y poner límite al filibusterismo (técnica de obstrucción del proceso legislativo de que echa mano una fracción parlamentaria para retrasar o bloquear la aprobación de una ley).
El filibusterismo es inevitable y en cierta manera aceptable, pero no debe ser ilimitado, como el que se ha desplegado en Nuevo León. Tiene que ponérsele límite a esta práctica que pide ser regulada, implementándose, además, duras sanciones económicas a cada diputado si se rebasa el límite que establezca la ley.