Columna de Elizabeth de los Ríos Uriarte

Regular la marihuana

Elizabeth de los Ríos Uriarte

Más allá de los beneficios que promete la regulación de la marihuana en México, conviene en estos momentos advertir los riesgos intrínsecos al proceso con la finalidad de conocer los claroscuros de esta acción.

La marihuana, en sí misma, no es inocua para la salud, su consumo conlleva riesgos importantes sobre todo en las conexiones neuronales que quedan afectadas por el consumo de esta planta y ni qué decir en niños en donde el encéfalo no ha terminado de crecer y madurar y el consumo de la marihuana afecta el mismo.

Por su parte, para consumo con fines medicinales, la marihuana se ha probado eficiente para control del dolor y otros síntomas asociados a enfermedades crónicas así como para el control de la epilepsia, entre otras enfermedades. De esta manera, hablar de su regulación con fines lúdicos o recreativos sin que haya una necesidad de salud apremiante sería romper el principio terapéutico que regula las intervenciones médicas si existen condiciones fisiológicas o patológicas que lo requieran, mientras que, hacerlo para fines medicinales, no sólo sería adecuado si no pertinente en tanto que de la salud humana se trata.

La afectación a la salud de las personas contradice, además, el espíritu de las leyes, en especial de nuestra Constitución en donde, en su artículo 4to, establece el derecho a la protección de la salud por lo que, regularla para fines que no vayan encaminadas a esta misiva pone en duda el sentido mismo del aparato legislativo.

También es importante considerar que, con la regulación del consumo de la marihuana, se generará una cultura de la misma en donde no sólo se fomente y facilite su consumo aún entre la población en general si no que, además, se introyecte tanto en los modos de vida diarios que se logre permear aún a esos sectores en quienes el daño puede ser irreversible como los menores de edad.

Una acción que comience por permitir conductas que atentan contra la vida misma de las personas puede desencadenar, a su vez, otra serie de acciones que permitan lo mismo en distintos ámbitos desdibujando con ello la línea entre lo éticamente correcto y lo socialmente admitido inclinándose más hacia lo segundo. A esto se le conoce como el argumento de la pendiente resbaladiza y la regulación de la marihuana puede deslizar los permisos a otras prohibiciones como la eutanasia, el suicidio asistido, el aborto o hasta el homicidio. Las conductas pueden también apelar a fines recreativos que buscan el bienestar momentáneo y fugaz.

Si llevamos el argumento anterior hasta el extremo: si una persona mata a otra mientras se encuentra bajo los efectos de la marihuana, ¿el estado podrá procesarla siendo que fue éste quien admitió el uso de la sustancia tóxica? Cierto que este argumento aplica para otras drogas como el alcohol pero el hecho de que ya se haya cometido un error al permitir el consumo de éste, no significa que se tengan que seguir cometiendo más contradicciones.

Por último, valdría la pena reflexionar sobre la responsabilidad para con las generaciones futuras, pilar central de la responsabilidad social y lección evidente en esta pandemia. Si decidimos permitir una sustancia que genera daños a veces irreversibles, las generaciones futuras heredarán las consecuencias de nuestras decisiones sin que ellas hayan formado parte del proceso. En Bioética, hablamos del principio de precaución, adoptado en Niza en el 2000, que promueve que, ante una acción de la que desconocemos sus efectos pero que se presumen como devastadores, mejor resulta detenerse y/o abstenerse. Antes de decidir legalizar la marihuana con fines recreativos, debiéramos pensar en sus efectos a largo plazo y en las generaciones venideras.

Ante estas reflexiones, la discusión no es una llana y superficial, si no considerable y merecedora de las más cautelosa atención. El valor de la vida y de la dignidad son valores superiores, por ende, no deben quedar sujetos a otros como la recreación o los valores económicos. Regular la marihuana también pasa, necesariamente, por generar mecanismos jurídicos que lo vuelvan un bien gravable y, por ende, constituye una forma de enriquecimiento que, a la luz de una economía excluyente, sólo generará profundizar las brechas socio económicas enriqueciendo a unos mientras empobrece a otros.

La persona humana debe ser el centro de las decisiones económicas, políticas y sociales. Nunca, ningún otro medio deberá sustituirla como fin en sí mismo.

OPINIONES MÁS VISTAS