Además de comprometer a Xi Jinping con un panda para el Zoológico de Chapultepec, la presidenta Claudia Sheinbaum fue a China a proponer el Tren Interoceánico como alternativa al Canal de Panamá. Se le olvidó mencionar que ese tren se descarrila a 65 kilómetros por hora.
Esto ocurre a escasos días de hacerse pública la carta de Jorge Gómez, sobreviviente del desastre del Tren Interoceánico, en la que acusa directamente a la Fiscalía General de la República, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a la Secretaría de Gobernación de manipular a las víctimas.
Conversé con Jorge esta semana. El asunto es aún más grave de lo que expresa su, de por sí, contundente carta. La Secretaría de Marina y todas las autoridades antes mencionadas están incumpliendo sus obligaciones conforme a la Ley General de Víctimas, al no garantizar la reparación integral del daño, que comprende «medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica», según establece su artículo 1.
El Gobierno firmó acuerdos reparatorios «exprés» con las víctimas; es decir, extinguió la acción penal con dinero, pero ese dinero no alcanza para extinguir los derechos que les garantiza la ley. ¿Qué certeza tenemos los mexicanos de que este terrible accidente no volverá a repetirse en ese o en cualquiera de los trenes del «bienestar»? Ninguna. ¡Y que lo sepan en la APEC! ¡Y que lo sepa la comunidad internacional! ¡Cuidado con la publicidad engañosa!
Gracias a su preparación como abogado, Jorge logró un acuerdo mucho más robusto que el de las demás víctimas. En ese acuerdo individual, el Gobierno se comprometió a reconocer a las personas que salvaron la vida de muchos en aquel día funesto. No lo ha hecho. ¿Cuál es la excusa? ¿Le duele mucho al Estado reconocer a los héroes cuando no son suyos? En ese acuerdo individual, la Fiscalía General de la República se comprometió a entregarle copia del expediente, obligación que tampoco ha cumplido. La operación de Estado sigue vigente para lavar la cara al gobierno de Sheinbaum y, por supuesto, al de López Obrador.
La ironía de este caso es que Gómez trabaja en una institución del Estado. Como dice un buen amigo: «¡Ni ellos se salvan!». Ni siquiera él, siendo funcionario público, tiene garantizada la atención médica, presente ni futura, que requieren sus múltiples lesiones y fracturas. Ya ni hablar del maquinista y del conductor del convoy, quienes trabajaban en el proyecto «insignia» del Gobierno y terminaron convertidos en chivos expiatorios para salvar no sabemos a quién.
Esto, aquí y en China, es indigno de un gobierno que se presume «humanista».
Mal, gracias.
