La imagen de la descomposición ética de la Corte deviene de la fotografía aquella en la que aparecían varios ministros en un evento social, a convocatoria de un litigante muy próximo al entonces presidente Peña Nieto y de documentada cuestionable actividad empresarial, entre éstas, la transferencias multimillonarias al exterior, presuntamente por políticos. Quienes integran la Corte deben llevar en su vida pública y privada un cuidado extremo. Comportarse frívolamente, quiérase o no, convalida la idea de un tribunal supremo no confiable.
Aquí se aplica la frase del Presidente de la República sobre conductas legales, pero inmorales. Estar allí a nadie hace delincuente o infractor. Pero en el caso de un juez, ¿puede contemporizar con litigantes?, ¿lo puede hacer con aquellos bajo controversia?, ¿es permisible cuando ésta se vincula a la corrupción en el grupo gobernante? Las tres respuestas son negativas y por este tipo de descuido la maledicencia gana terreno en detrimento de las instituciones y de la honorabilidad de las personas.
La Corte vive su momento más importante desde la reforma de 1994. En el pasado hubo descuido para designar miembros, singularmente en el caso de Eduardo Medina Mora, como se ha señalado en este espacio. Fue un pésimo precedente que afortunadamente se ha enmendado. Las tres designaciones del Senado han sido un acierto, aunque sería del todo atendible que en la próxima vacante una persona del prestigio profesional y ético de Ana Laura Magaloni llegara al Supremo Tribunal y llevar así cuatro las mujeres ministras.
El desafío de la Corte se acompaña de lo que es su mejor integración. Su presidente, Arturo Zaldívar se ha hecho eco de los tiempos de cambio que hasta a la Iglesia católica han llegado, no obstante su inercia milenaria por la tradición. El principio fundamental es la independencia, la autonomía y el rigor en sus decisiones. Las leyes aprobadas por el Legislativo requieren de enmiendas constitucionales en temas relevantes para la seguridad jurídica y la protección de derechos. De la misma forma, los actos de gobierno deben ser sometidos a estricta constitucionalidad. Debe preocupar el desaseo por la parcialidad del juez en el caso de Rosario Robles. No es un tema menor y pone en entredicho al Presidente de la República y al Poder Judicial Federal.
El gran cambio que el país necesita no se asocia a la economía ni a la política, tampoco a la distribución de la renta nacional, temas de la mayor relevancia. La cuestión fundamental de ahora y de siempre es transitar a una legalidad plena. Las palabras del ministro Presidente son un reconocimiento del problema, pero es mucho lo que tiene qué hacerse y no solo por el Poder Judicial Federal para vivir bajo el imperio de la ley.
Son muchos los temas en la agenda de la Corte. Resolver la constitucionalidad de la ampliación del mandato de gobernador de Baja California es un asunto relevante y trascendente. La resolución será la medida de muchas cosas. El riesgo es que no se alcance la votación calificada para revertir la inconstitucionalidad de la modificación del término del mandato. Sería deseable que la resolución fuera aprobada por unanimidad para así evitar que el prestigio del tribunal no pendiera de unos cuantos votos de minoría.
El peso de la opinión pública no debe ser factor en la decisión. Como bien señala el presidente Zaldívar, las resoluciones de la Corte podrán ser discutibles y “no gustar a todos”, pero lo que no pasará —se compromete— es que sean arbitrarias.
La Corte como tal no es contrapeso del Ejecutivo porque no es una instancia política, pero su tarea de acreditar la constitucionalidad en las decisiones de toda autoridad inevitablemente le conceden una responsabilidad mayor en nuestro régimen político. El Ejecutivo federal debe ser el primero en respetar su independencia y autonomía.
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