En todo el mundo los sistemas de salud enfrentan la misma tormenta: poblaciones que envejecen, enfermedades crónicas al alza, costos que se elevan e información clínica atrapada que no se analiza.
La salud digital —entendida como el uso de tecnologías de la información y la comunicación para gestionar, mejorar y monitorear la salud y la atención médica— promete navegar mejor dichos retos: atender a más personas, con mayor efectividad clínica y financiera. No es un lujo tecnológico; se trata de inversión -científicamente evaluada- para la eficiencia y equidad.
México acaba de dar un paso en esa dirección. La reforma a la Ley General de Salud de enero de 2026 reconoció la Salud Digital como materia de salubridad general e hizo obligatorios el expediente clínico electrónico, telemedicina y telesalud, principalmente. Sin duda, es un valioso primer paso que abre la puerta a otras decisiones estratégicas, si se quiere impulsar la ley al mejor puerto.
La primera puerta es generar estrategia de mercado: mapear las necesidades reales de la población mexicana y contrastarlas con lo que el mercado de la innovación ofrece, para que la inversión persiga resultados y no tendencias, y el retorno social justifique cada peso.
La segunda son los incentivos. Obligar a digitalizar sin facilitar la inversión deja fuera a clínicas, hospitales y farmacias de márgenes estrechos; estímulos fiscales, financiamiento accesible y reglas estables animan a invertir en el corto plazo.
La tercera es la confianza. Ninguna plataforma sirve si los datos del paciente no están protegidos ni los sistemas se comunican entre sí. Hoy la mayoría de los registros electrónicos no cumple la NOM-024-SSA3-2012: certificar con rigor ciberseguridad, interoperabilidad y efectividad es la condición para mantener al paciente —no a la tecnología— en el centro.
La cuarta es la colaboración. El Estado aporta rectoría y escala; el sector privado, know-how y velocidad. Avanzar juntos no es ideología: es la única forma de ganar tiempo.