Los 8 Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), encabezados por su Presidenta Norma Piña, no renunciaron por razones de justicia, no renunciaron por hacerle un bien al Poder Judicial de la Federación (PJF), no renunciaron por amor a la Nación; renunciaron por lo mismo que se opusieron férreamente a la Reforma Judicial: por seguir manteniendo sus injustos privilegios.
Renunciaron justamente antes del pasado 30 de octubre, que era la fecha límite para hacerlo, para tener derecho a los haberes por retiro, que son las prestaciones económicas que reciben por renuncia, vitalicias y que al morir la siguen recibiendo en un 50% su viuda e hijos.
Esos haberes por retiro consisten en asignarles tres camionetas blindadas con chofer, renovables cada cuatro años, seguridad para los ministros y sus familias, alimentación, gasolina, casetas, celulares, seguro de gastos médicos mayores, pago de marcha por defunción, equivalente a cuatro meses de sueldo integrado; ayuda de gastos de defunción para los deudos del Ministro, equivalente a dos meses de sueldo integrado, 40 días de sueldo compactado en dos exhibiciones de aguinaldo, 50% de diez días hábiles de sueldo compactado, de prima vacacional, estímulo de fin de año equivalente a dos meses de percepción neta mensual dividida en dos exhibiciones, estímulo por calidad en el desempeño, equivalente a un mes de sueldo neto para cada Ministro.
Esos son solo algunos de los 42 privilegios de los que gozan los Ministros de la SCJN, y que quieren seguir gozando por sus haberes por retiro, por sus renuncias que solo el Senado de la República, podrá aceptar o negar.
De aceptarse la renuncia, el pago de los haberes por retiro le representará al pueblo de México, un desembolso por cientos o miles de millones de pesos; si tomamos en cuenta que son 8 los Magistrados renunciantes, con un sueldo promedio mensual de 700 mil pesos, y que el pago de los haberes por retiro es de por vida.
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