El gobierno de Estados Unidos, a través de la Casa Blanca, publicó el 4 de mayo pasado la Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026. Según este documento, se confirma y amplía la designación del Cartel de Sinaloa y CJNG como organizaciones terroristas extranjeras. Esto permite usar leyes y recursos contra el terrorismo y contra los cárteles. El documento clasifica al fentanilo y sus precursores como “Armas de Destrucción Masiva” (Weapons of Mass Distruction), lo que otorga autoridad para usar inteligencia militar y operaciones para eliminar la amenaza.
Hace un par de días, el 6 de mayo, Trump firmó una nueva estrategia contraterrorista donde neutralizar amenazas de cárteles hemisféricos es la prioridad número uno. Y finalmente, ese mismo día en su cuenta de X, el presidente de Estados Unidos escribió un mensaje en el que afirmaba que si el gobierno mexicano no actuaba contra los cárteles, lo haría el de su país.
¿Cómo va a reaccionar la opinión pública en nuestro país ante tales anuncios? ¿Cómo ven nuestros connacionales a los cárteles del narcotráfico? ¿Como criminales o como terroristas? ¿Qué tanto puede aceptar y en qué rubros la ayuda o intervención de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico?
Para resolver algunas de estas interrogantes, Parametría incluyó recientemente preguntas para analizar este tema en su serie de mediciones. La Encuesta Nacional --con entrevistas cara a cara, en vivienda, la única metodología representativa de la población y que da la misma probabilidad de participar a todos los ciudadanos del país-- contiene variables para saber cómo reaccionará la ciudadanía ante la posición de nuestro vecino del norte.
La medición muestra un escenario delicado para México porque combina tres elementos políticamente sensibles: la percepción sobre los cárteles, la disposición ciudadana a aceptar ayuda de Estados Unidos y los límites que la opinión pública marca frente a una posible intervención extranjera. Los datos muestran que 52% considera que los cárteles “solo son grupos criminales”, mientras 30% cree que “también son terroristas” y 18% no sabe. Además, la aceptación de apoyo estadounidense varía mucho según el tipo de ayuda: capacitación recibe 66% de apoyo; drones, 53%; equipo, 51%; agentes en la frontera, 47%; dinero, 40%; y agentes al interior del país, solo 36%.
Si bien la mayoría no clasifica a los cárteles como terroristas, tres de cada diez personas sí lo hacen. Esa proporción no es marginal y puede ser utilizada por actores políticos nacionales o extranjeros para presionar por medidas extraordinarias. Si el término “terrorismo” gana terreno, el debate público puede desplazarse de una lógica de seguridad pública y justicia penal hacia una lógica de seguridad nacional, con mayores demandas de fuerza, militarización y cooperación externa.
La medición muestra que existe apoyo ciudadano a ciertos tipos de ayuda de Estados Unidos, especialmente capacitación, drones y equipo. Esto puede fortalecer la presión para ampliar la cooperación bilateral. Sin embargo, también revela una frontera clara: la opinión pública rechaza mayoritariamente el envío de agentes estadounidenses al interior del país. Para el gobierno mexicano, el margen de maniobra es estrecho: aceptar apoyo técnico puede ser bien recibido, pero cualquier medida percibida como cesión de soberanía podría generar costos políticos.
La aceptación de drones o agentes en frontera puede ser interpretada como apertura a esquemas de vigilancia transfronteriza más intensos. Aunque la población parece distinguir entre cooperación técnica e intervención directa, la línea puede volverse ambigua. Si el gobierno mexicano no define con claridad los límites jurídicos, operativos y territoriales de la cooperación, podría enfrentar críticas por permitir una presencia extranjera excesiva o por no controlar plenamente la estrategia de seguridad.
El cuarto riesgo es interno. El dato de que 55% está en contra del envío de agentes estadounidenses al interior del país muestra una resistencia consistente. Si el gobierno aceptara una medida de ese tipo, podría enfrentar rechazo social, acusaciones de subordinación y conflictos con fuerzas políticas opositoras. En cambio, si rechaza toda cooperación, podría ser acusado de no aprovechar herramientas disponibles contra el crimen organizado. El riesgo está en quedar atrapado entre la demanda de resultados y la defensa de la soberanía.
La medición sugiere que una parte importante de la ciudadanía no sabe cómo clasificar a los cárteles o qué tipo de cooperación aceptar. Ese vacío puede alimentar desinformación, discursos punitivos o expectativas poco realistas sobre soluciones externas. Si el gobierno no comunica una estrategia clara, la opinión pública puede volverse más vulnerable a narrativas que prometen resultados rápidos mediante acciones unilaterales o intervenciones extranjeras.
En conjunto, los datos indican que México enfrenta un riesgo político doble: por un lado, la presión para endurecer la respuesta contra los cárteles; por otro, el rechazo a que esa respuesta implique pérdida de control nacional. La conclusión principal es que el gobierno necesita una posición pública precisa: aceptar cooperación técnica verificable, rechazar intervención operativa extranjera dentro del territorio nacional y explicar con claridad por qué la seguridad debe tratarse como un problema de Estado, no solo como una demanda de fuerza inmediata.