Ahorcados

“Les aplicaron un torniquete en el cuello. No hubo empleo de armas de fuego”, dijo el fiscal general de Chihuahua, César Augusto Peniche, al referir el ahorcamiento de ocho hombres y tres mujeres.

Oficialmente se dijo que hubo una traición entre narcotraficantes. Reunieron a los ahorcados en una casa que se colige que no es casa-habitación sino una casa de seguridad.

Diligencias de la Agencia Estatal de Investigación: “…se centran en este momento en determinar las causas de la agresión, la identidad de quien murió en el lugar y establecer si pertenecen a una célula criminal”.

La inseguridad es tan grave que para recoger los cadáveres, familiares acudieron al lugar resguardados por la policía.

Los males mayores del país, la criminalidad y la inseguridad, son, sin exceso, patéticos. Puebla es un estado del país en el que han aumentado los homicidios permanentemente durante los últimos 10 años. Dicen cifras, estadísticas, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Mientras en otras partes del país hubo altibajos en el número actual de muertos de este tipo, en la entidad poblana ha habido una tendencia al alza entre 2007 y 2017.

El año pasado fue el de mayor aumento con mil 70 homicidios, 45.6% más que los contabilizados en 2016. Atrae la coincidencia con una escalada de agresión, actuada por grupos criminales que se disputan la ordeña de combustible. La estadística homicida precisa que en 2011 hubo 437 homicidios y ya para 2015 se registraron 632 casos.

Y siguen las referencias, ya que hace 10 años, según el Inegi, se precisaron 273 homicidios. La criminalidad asciende a 354 casos en 2008, 359 en 2009 y 376 en 2010. En 2011 la estadística se elevó a 437 homicidios y ya para 2015 hubo 632 casos, es de insistirse. Ciudad México ya está muy dañada y ahora hay vigilancia con helicópteros, además de que doquiera se encuentran patrullas y parejas de vigilantes.

Y todavía más: la Comisión Nacional de Derechos Humanos indicia a elementos de la Armada como responsables de la desaparición forzada de 10 personas, entre ellos dos menores de edad, según se sabe, en Nuevo León y Tamaulipas. Se ha pedido atención al secretario de Marina, Vidal Soberón, y al fiscal general de Nuevo León, Gustavo Guerrero.

Los delitos imputados a militares y marinos los han radicado en Hidalgo, un caso; dos en Nuevo Laredo y uno más en Tamaulipas. La denuncia dice que las detenciones fueron arbitrarias y con otros actos ilegales.

De suerte que se incrementa el daño mayor en la República, cual es la violencia.