La llegada de Ernesto Santana Bracamontes a la presidencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco abre algo más importante que un relevo de la presidencia. Es la oportunidad para reconstruir la autoridad de una institución que acumuló tensiones internas y la percepción de mucha cercanía de algunos de sus integrantes con expresiones políticas. El desafío no consiste solamente en organizar elecciones. Es volver a convencer de que quien organiza la competencia no “da pases, ni mete goles”.
Santana tiene más de dos décadas dentro del sistema electoral mexicano y una larga trayectoria jurisdiccional, incluida la Secretaría General de Acuerdos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Conoce la diferencia entre una decisión políticamente conveniente, y una jurídicamente sustentable.
Esa experiencia puede servir para recuperar los equilibrios internos del IEPCEJ. Un órgano electoral no necesita consejeros militantes ni “operadores oficiosos”. Requiere integrantes capaces de discutir, disentir y votar con independencia. La autonomía implica resistir presiones partidistas, intereses internos y la tentación de convertir una institución colegiada en parcela de facciones.
Uno de los primeros asuntos que deberá resolver el nuevo presidente será la Secretaría Ejecutiva. Ahí comenzará a medirse el tamaño de su proyecto institucional. La presidencia propone y el Consejo General decide. No debería desperdiciarse esa facultad en un perfil improvisado, construido a partir de cuotas, afinidades o compromisos circunstanciales. Si el presidente llega con experiencia jurídica, sería difícil justificar que una de las posiciones más relevantes quedara en manos de alguien que no reúna capacidades equivalentes.
La Secretaría Ejecutiva no es ornamental. Acompaña jurídicamente los acuerdos del Consejo y tiene responsabilidades decisivas en la operación electoral. La persona que desempeñe ese cargo enviará una primera señal sobre si comienza una nueva etapa o a penas cambia el nombre en la puerta principal.
Hay, además, lecciones que el IEPCEJ no debe olvidar. El Programa de Resultados Electorales Preliminares de 2024 erosionó innecesariamente la confianza. Comenzó con retrasos inexplicables y cerró sin alcanzar un buen porcentaje de las actas. El propio Instituto reportó 86.3 por ciento para gubernatura, 83.8 para diputaciones y 81.05 para ayuntamientos. En una elección competida, cada hora de incertidumbre se convierte en combustible para la sospecha.
Lo mismo ocurre con la cadena de custodia. Los votos no solamente deben contarse correctamente. También debe poder demostrarse quién recibió cada paquete, quién lo trasladó, dónde permaneció y bajo qué condiciones llegó al cómputo. La confianza electoral se construye con certeza.
Otro punto será la integración de los consejos municipales y distritales. Se necesitan personas profesionales, capacitadas e imparciales. No operadores disfrazados de funcionarios electorales, ni nombramientos concebidos como compensaciones políticas. La credibilidad del órgano electoral puede derrumbarse si quien recibe paquetes o conduce un cómputo carece de experiencia o independencia.
Pero quizá el cambio más importante tendría que ser cultural. El IEPCEJ necesita recuperar la legalidad como método cotidiano de decisión. La colegialidad no debe ser el reparto al estilo feudal de cuotas para consejer@s. El debido proceso no puede depender de quién promueve un asunto, quién resulta beneficiado o qué mayoría coyuntural existe dentro del Consejo. Las resoluciones deben sostenerse jurídicamente antes, durante y después de ser votadas.
Y falta algo todavía más elemental. Abrir puertas y ventanas. Acercarse a universidades, organizaciones, especialistas, observadores y medios de comunicación. Explicar decisiones, publicar información, transparentar criterios y observar el escrutinio público. La autonomía no significa aislamiento, ni intolerancia a la crítica pública.
Ernesto Santana recibe un cargo con experiencia institucional, pero también con problemas recientes. Su llegada no garantiza nada por sí sola. La oportunidad está ahí para recuperar equilibrios, profesionalizar decisiones, blindar procesos y devolver a la ley el lugar que nunca debió perder.