La autoridad municipal quiso zanjar el debate con una frase de aparente sentido común. Dijo que en Zapopan la vivienda es cara porque la demanda empuja los precios, que “lo bueno cuesta caro” y que el gobierno no debe intervenir con controles. En pocas palabras, presentó el encarecimiento habitacional como una consecuencia natural del éxito urbano del municipio y no como un problema público que exija intervención institucional. Ahí está el núcleo del error. No porque el mercado no importe, sino porque una autoridad que se limita a describirlo ya empezó a renunciar a gobernarlo.
Ese desplazamiento del lenguaje es decisivo. Cuando una autoridad convierte la exclusión en sinónimo de prestigio urbano, deja de hablar como autoridad y empieza a hablar como desarrollador inmobiliario. El mensaje no es sólo económico. Es moral y territorial. Dice que la ciudad valiosa pertenece a quien puede pagarla y que el resto deberá retirarse, ajustarse o desaparecer del mapa cotidiano. Pero una ciudad no es un club patrimonial, ni una vitrina de plusvalías. Es una comunidad pública obligada a garantizar condiciones mínimas de permanencia, mezcla social y acceso razonable al territorio para quienes la trabajan, la sostienen y la habitan.
Los organismos internacionales especializados llevan años advirtiendo precisamente lo contrario de lo que sugieren esas declaraciones. La OCDE, por ejemplo, sostiene que la política de vivienda debe asumir el carácter multifactorial del problema y actuar sobre regulación de suelo, tributación, inversión pública, vivienda social, reglas del alquiler y comunidad metropolitana. Su recomendación no es elegir entre mercado o Estado, sino ayudar a ordenar el mercado desde el Estado. Habla de remover obstáculos a la densificación, reciclar áreas no residenciales, poner suelo vacante en circulación y, al mismo tiempo, promover vivienda social y asequible, evitar la segregación socioespacial y proteger a hogares vulnerables frente a la inestabilidad residencial. Eso significa que el precio no es un dato sagrado. Es el resultado de decisiones urbanas, fiscales y normativas que sí pueden y deben corregirse.
La política correcta, entonces, no consiste en fijar un precio arbitrario, ni en abandonar el problema a la oferta y la demanda del mercado. Consiste en gobernar las condiciones que producen esos precios. Suelo, localización, financiamiento, mezcla social, protección de residentes y límites a la especulación. El mercado por sí solo tiende a colocar la vivienda donde la rentabilidad es mayor, no donde la ciudad la necesita. Tiende a premiar la captura privada de plusvalía, no la permanencia de la comunidad. Y cuando la vivienda se convierte sobre todo en activo financiero, como ha advertido Naciones Unidas, deja de operar primordialmente como derecho y empieza a operar como mecanismo de expulsión. En ese punto, la gentrificación deja de ser una palabra de moda y revela su verdadero contenido. Es la traducción inmobiliaria de una jerarquía social que decide quién merece quedarse y quién debe irse.
Eso es lo que falta en la conversación pública de Zapopan y de Guadalajara. No una consigna contra el mercado, sino una política urbana capaz de orientarlo. Densificación incluyente en corredores bien servidos, reservas de suelo para vivienda social bien localizada, obligaciones de asequibilidad en nuevos desarrollos, gravámenes a la vivienda ociosa si el marco legal lo permite, protección de inquilinos y coordinación metropolitana real. Todo eso pertenece al repertorio ordinario de un gobierno que entiende la vivienda como asunto público. Lo extraordinario, en cambio, es escuchar a una autoridad comportarse como si la exclusión fuera una normalidad que debemos asumir. No lo es. Es una decisión política disfrazada de realismo.
Al final, decir que la vivienda “cuesta lo que el mercado aguante” no es una política pública. Es una renuncia a ejercerla. Y en una ciudad donde cada aumento de renta redefine quién puede vivir cerca del empleo, de la escuela o de la vida urbana misma, esa renuncia no es abstracta. Tiene rostro, trayecto y desarraigo. La verdadera pregunta no es si Zapopan puede seguir atrayendo inversión. La pregunta es si su gobierno quiere administrar plusvalías o gobernar la ciudad para todos.