El descuento del 80 por ciento aprobado para usuarios del SIAPA parece una medida de justicia. Si miles de familias recibieron agua turbia, maloliente o no recibieron agua, resulta elemental que no paguen como si el servicio hubiera sido regular. El problema comienza cuando se pregunta quién merece esa compensación.
Primero fueron más de 200 colonias reconocidas por el Gobierno de Jalisco. La Comisión Estatal de Derechos Humanos habló de alrededor de 600. Después remitió información correspondiente a 243 y finalmente el SIAPA autorizó descuentos para 203. En el trayecto desaparecieron cientos de colonias, aunque no necesariamente desaparecieron el desabasto, el agua sucia ni las quejas.
La crisis del agua también se ha convertido en una crisis de cifras y de responsabilidades. Durante el primer semestre del año se presentaron 113 quejas ante la CEDHJ relacionadas con el servicio del SIAPA. Más de la mitad fueron archivadas. Además, existen antecedentes desde 2019 y recomendaciones previas que no han sido atendidas plenamente. No estamos frente a una contingencia inesperada, sino ante una falla institucional prolongada.
El descuento constituye una peculiar confesión administrativa. La autoridad acepta devolver parte del cobro porque reconoce que el servicio fue deficiente. Pero al mismo tiempo condiciona el beneficio a que los usuarios estén al corriente de sus pagos. La paradoja es evidente. Al ciudadano se le exige puntualidad, mientras la autoridad no garantizó calidad ni continuidad.
Municipios como Guadalajara, Tonalá y Tlaquepaque han señalado exclusiones y errores en los listados. La burocracia discute quién cabe en una relación mientras los vecinos siguen abriendo la llave para recibir agua de mala calidad.
También está la factura financiera. Hacienda advierte problemas de liquidez para el SIAPA por los descuentos. Pero presentar la compensación como amenaza financiera invierte las responsabilidades. El problema no es devolver dinero al usuario. El problema fue cobrar por un servicio deficiente.
El agua es un derecho antes que una tarifa. Y cuando una institución comienza a discutir cuánto debe descontar por el agua que entregó mal, quizá la pregunta ya no sea cuánto deben pagar los ciudadanos, sino cuánto les debe la autoridad.