Con el transporte público en Jalisco volvió a exhibirse una vieja costumbre de la política local, pues primero se toman las decisiones y después se intenta construir la justificación técnica. Tres meses después de haberse aprobado la creación de la Comisión Especial para Vigilar la Mejora del Servicio de Transporte Público, finalmente se aprobó un plan de trabajo que, paradójicamente, confirma que el aumento a la tarifa de 14 pesos ocurrió sin una evaluación pública, integral y verificable sobre sus impactos reales.
El gobierno autorizó un incremento tarifario sin contar con indicadores previos y posteriores que permitieran demostrar que el servicio efectivamente mejoró en frecuencia, cobertura, tiempos de espera, seguridad, accesibilidad o calidad operativa.
Gobernar sin indicadores equivale a subsidiar a ciegas. Y eso es exactamente lo que hoy exhibe la Comisión Especial. A dos meses del aumento, legisladores reconocen que ni siquiera existe una evaluación preliminar sobre los efectos de la medida. No hay datos públicos que permitan saber si disminuyeron los tiempos de espera, si mejoró la regularidad de las rutas, si bajó la saturación en horas pico o si las unidades operan con mejores condiciones.
Es decir, el gobierno autorizó un aumento a la tarifa, sin indicadores, y ahora pretende construirlos después del incremento, mientras las instituciones responsables admiten que ni siquiera poseen las condiciones mínimas para hacerlo.
Por un lado, el gobierno estatal sostiene que el sistema requiere sostenibilidad financiera; por otro, a finales de abril se informó que durante 2025 se destinaron más de mil 69 millones de pesos en subsidios y apoyos al transporte público, además de más de 70 millones para la renovación de unidades.
Entonces surge inevitablemente la pregunta evidente, ¿cómo puede existir un sistema que recibe subsidios multimillonarios y al mismo tiempo mantiene deficiencias estructurales en cobertura, frecuencia, saturación, accesibilidad y calidad del servicio? Porque mientras se discuten fórmulas de indexación, fideicomisos y modelos de recaudo, cientos de miles de usuarios siguen enfrentando trayectos largos, unidades saturadas, rutas insuficientes y cobertura precaria en zonas periféricas.