El reciente informe del ‘Observatorio contra la Tortura’, arroja evidencia sobre un sistema incapaz de garantizar justicia a las víctimas, y un marco legal que, aunque robusto, es desarticulado en su implementación.
Desde 2017, la Ley General estableció la obligación de prevenir, investigar y sancionar la tortura. Sin embargo, en Jalisco los resultados son desalentadores. De acuerdo con el informe, en 2023 se registraron 133 investigaciones en proceso, que representan a 194 víctimas, de las cuales ¡solo un caso fue judicializado! Mientras las fiscalías acumulan expedientes sin resolución, los casos archivados por “falta de elementos”, eternizan un círculo de impunidad.
En comparación con otras entidades, como la Ciudad de México, donde se iniciaron 266 investigaciones de oficio, Jalisco carece de claridad y voluntad política para avanzar. Incluso, después de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obliga al estado a crear una Fiscalía Especializada contra la Tortura, la respuesta de las autoridades ha sido limitada.
El problema no se limita a la inacción judicial. En Jalisco, según el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), la tortura trasciende las corporaciones de seguridad y ocurre en espacios como hospitales psiquiátricos, albergues y centros de atención médica. A esto se suma la represión en manifestaciones, donde detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, como las ocurridas en Calle 14 (2020), reflejan el uso de la tortura como mecanismo de control político y social.
Un aspecto crítico es el tratamiento pericial. Aunque la Ley General permite a las víctimas acceder a peritajes independientes, en Jalisco el 95% de los peritajes son realizados por las fiscalías, que acreditaron tortura en apenas 8.2% de los casos evaluados. En contraste, los organismos públicos de derechos humanos, que carecen de valor vinculante en procesos judiciales, han acreditado este delito en 68.7% de los casos, evidenciando una brecha de credibilidad en las investigaciones oficiales.
Seis años después, Jalisco se presenta como un ejemplo de cómo la inacción, y la falta de voluntad política, perpetúan las violaciones a los derechos humanos. El sistema actual, hasta ahora, solo ha normalizado la impunidad.