Si el transporte es un derecho constitucional, ¿por qué su funcionamiento sigue condicionado por una lógica de negocios que no garantiza su ejercicio universal? La pregunta debería encabezar la evaluación de la Secretaría de Transporte en Jalisco. Un servicio no se vuelve público por llevar pasajeros, sino por responder al interés colectivo de un servicio. Un negocio busca rentabilidad. Un derecho exige acceso, equidad y calidad, incluso donde prestar el servicio no deja ganancias.
El transporte concesionado es jurídicamente un servicio público. Eso obliga al gobierno a regularlo con rigor. La autoridad no puede limitarse a repartir subsidios, autorizar rutas y contar autobuses, mientras la movilidad cotidiana sigue dependiendo de qué trayecto resulta atractivo para los operadores. Puede concesionarse la operación, nunca la responsabilidad constitucional del gobierno en la prestación del servicio.
La comparecencia de Diego Monraz ante el Congreso exhibió la distancia entre el discurso y la realidad. El secretario presume 165 kilómetros de transporte masivo y una cobertura del 97% en el área metropolitana. Pero una ruta dibujada en un mapa no garantiza un camión a tiempo. Legisladores denunciaron esperas de hasta 45 minutos, recorridos incompletos y colonias periféricas mal conectadas. Si eso fuera cierto, el uso del automóvil se estaría desincentivando. No es así.
Los números del subsidio son todavía más reveladores. Entre enero y agosto de 2026, el gobierno entregó a los transportistas 1,038 millones de pesos, frente a 701 millones en el mismo periodo de 2025. Un incremento del 48%. Sin embargo, los pasajes validados cayeron de 422.3 a 399.3 millones. Son 23 millones menos, una reducción del 5.46%. Exige una explicación. ¿Por qué se invierte mucho más sin demostrar que el servicio sea proporcionalmente mejor?
Desde 2023, los concesionarios han recibido 2,968 millones de pesos en subsidios. Financiar el transporte con dinero público no es el problema. Una metrópoli debe sostener rutas indispensables aunque no sean lucrativas. El problema inicia cuando no se conoce con suficiente claridad qué obligaciones acompañan ese dinero, qué sanciones enfrentan los incumplidos y cuántos minutos de espera se redujeron.
La admisión sobre los 50 centavos que las alcancías no devolvían retrata otra debilidad. Monraz reconoció que ese excedente quedaba en manos de los concesionarios para gastos de operación. En 2021, la FEU calculó que podía representar unos 391 millones de pesos anuales. No era una auditoría, pero persiste la pregunta. ¿Con qué fundamento se permitió usar para gastos empresariales dinero que los usuarios nunca entregaron voluntariamente? El problema no es la moneda. Es quién vigila a quién.
En las periferias, más de 262 mil habitantes enfrentan traslados de madrugada, transbordos y unidades saturadas. Con una tarifa de 11 pesos, quien toma dos camiones de ida y dos de regreso gasta 44 pesos diarios, unos 953 al mes. A la cuenta hay que sumar las horas robadas al descanso, a los hijos y a la vida. En el transporte, la pobreza también se mide en tiempo perdido.
Hay obras, unidades renovadas y ampliaciones del tren. Pero sería absurdo confundir kilómetros construidos con derechos satisfechos. El servicio mejora cuando el usuario espera menos, paga lo justo y llega seguro a destino. Si las rutas periféricas no resultan rentables, ahí debe intervenir con mayor fuerza el gobierno, no retirarse para dejar que la desigualdad haga su efecto.
Jalisco debe revisar las concesiones, integrar rutas, transparentar subsidios, exigir frecuencias y garantizar condiciones laborales dignas. La autoridad debe gobernar el sistema, no limitarse a financiarlo acríticamente. El transporte no existe para sostener negocios con recursos fiscales. Existe para conectar territorios, abrir oportunidades y hacer posible el derecho a la ciudad.
Monraz podrá presentar más camiones, estaciones y millones invertidos. Pero la pregunta que importa es otra. ¿A quién sirve el actual sistema de transporte cuando el gobierno paga más, los pasajeros registrados disminuyen y quienes viven más lejos siguen esperando? Aquí el transporte se dice público cuando hay que subsidiarlo incondicionalmente, pero privado cuando toca responder por sus fallas.
