A un día de que la LXIII Legislatura del Congreso de Jalisco concluya su periodo, su legado es objeto de un escrutinio que deja poco margen para la indulgencia. Con una nómina desbordada y un listado de pendientes que traspasan lo administrativo, para tocar temas cruciales para los jaliscienses, el balance de este Congreso de Jalisco revela profundas ineficiencias.
Entre los aspectos más alarmantes de esta legislatura destaca el exorbitante costo de su nómina. Según datos comparativos, el Congreso de Jalisco gasta el doble que el Congreso de Chile y un 61% más que la Asamblea de Representantes de Nueva York. En términos nacionales, su costo es mayor al de entidades como Michoacán, Veracruz, Guanajuato y Nuevo León, y representa más del doble del promedio de los congresos estatales.
Para 2024, el presupuesto del Legislativo jalisciense alcanzó mil 18 millones de pesos, de los cuales 90% está destinado exclusivamente a la nómina, que pasó de 888 a 918 millones de pesos, un incremento del 4.1%. Este presupuesto eleva la carga financiera en más de 45 millones de pesos respecto al año anterior, lo cual contrasta de manera tajante con los llamados a la austeridad y eficiencia que predominan en el discurso político.
La Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) dio a conocer recientemente un informe que subraya graves irregularidades en el manejo de los recursos del Congreso. La ASEJ detectó anomalías que ascienden a 21 millones 395 mil 018 de pesos en el gasto de 2023, de los cuales un 58.9% corresponde a pagos de personal. Entre las irregularidades señaladas destacan pagos injustificados a empleados cuyos puestos no estaban acreditados en la plantilla oficial, un asistente parlamentario que recibió más de lo debido y pagos sin soporte documental a personal contratado bajo esquemas de honorarios.
En lo que respecta a otros servicios, el Congreso reporta gastos cuestionables por más de 8 millones de pesos. Entre ellos se incluyen contratos de desazolve que se duplicaron a pesar de contar con garantía de cinco años, servicios de mensajería, monitoreo de medios y hasta mantenimiento de cámaras de seguridad que no pudieron ser acreditados debidamente. Todo esto deja en evidencia un manejo opaco de los recursos, y un sistema de control interno que, a todas luces, requiere urgentemente una revisión profunda.
A inicios de 2023, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) presentó un estudio que diagnosticó una nómina sobredimensionada en el Congreso de Jalisco, señalando la existencia de más de 600 empleados que no cumplían funciones esenciales. Este informe, que tuvo un costo de 800 mil pesos, recomendaba una serie de medidas para racionalizar el gasto en nómina y asegurar una operación más funcional del Congreso. Sin embargo, pese a la promesa de implementar una ‘reingeniería administrativa’, los acuerdos necesarios para adelantar esta reforma nunca llegaron, y la carga laboral permanece sin cambios significativos.
Además de los temas administrativos y financieros, la LXIII Legislatura deja una serie de temas sin resolver que impactan directamente en la vida de los jaliscienses. Entre los pendientes más urgentes, destacan la creación de una Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, la implementación de una red de alertadores de trata de personas y el establecimiento de un reglamento de escalafón que permita mejorar la estructura organizativa del Congreso.
Destaca la falta de avance en la legislación contra la violencia vicaria, una forma de violencia de género en la que se utiliza a los hijos o familiares para dañar a la mujer. Este tipo de violencia, que ha ganado visibilidad en diversos estados del país, aún no cuenta con un marco legal específico en Jalisco, a pesar de los llamados de colectivos y especialistas para su tipificación y sanción. Queda el reto urgente de retomar este tema, para garantizar la protección de los derechos de las mujeres y sus hijos, quienes siguen siendo vulnerables ante esta modalidad de agresión.
La LXIII Legislatura concluye con un saldo poco favorable. Su incapacidad para reducir una nómina desbordada, la falta de control en el gasto y la escasa voluntad política para concretar acuerdos, han sentado un precedente negativo que el próximo Congreso deberá superar.