El próximo 17 de octubre se conmemora la reforma constitucional de 1953 que reconoció a las mujeres mexicanas el derecho a votar y ser votadas en las elecciones federales. Dos años después, en 1955, participaron por primera vez en una jornada electoral federal. Fue una conquista histórica, resultado de una lucha larga por el reconocimiento de su ciudadanía.
Hoy, el derecho de las mujeres a sufragar o competir por un cargo de elección popular está reconocido. También lo está su capacidad para dirigir instituciones públicas y privadas. Sin embargo, ese reconocimiento convive con desigualdades que siguen condicionando sus vidas.
Muchas mujeres reciben salarios inferiores al de los hombres por trabajos equivalentes, enfrentan obstáculos para ascender y deben demostrar una y otra vez capacidades que en sus compañeros se dan por sentadas. En los hogares, el trabajo doméstico y de cuidados continúa recayendo desproporcionadamente sobre ellas. Tener un empleo remunerado no las libera de una segunda jornada, muchas veces invisible, poco reconocida y asumida como una obligación.
Hay mucho que conmemorar, pero también mucho que revisar. Entre los derechos conquistados y su ejercicio cotidiano persisten distancias. Una de ellas aparece cuando la defensa pública de la igualdad no se traduce en solidaridad ante la violencia denunciada por otra mujer.
El jueves 8 de octubre, en la herradura de la democracia, la consejera electoral, Frida Gómez Puga denunció amenazas graves y directas contra su integridad física y la de integrantes de su familia. Informó que están documentadas y que serán atendidas por las vías institucionales y legales correspondientes.
Su denuncia merecía una respuesta elemental: el rechazo público a la intimidación y el respaldo a su derecho a ejercer el cargo sin amenazas. Las diferencias sobre su propuesta podían continuar por los cauces del debate jurídico. Ninguna de ellas impedía expresar solidaridad.
Por eso llamó la atención que Carla Humphrey y Rita Bell López Vences no manifestaran públicamente su apoyo. Ambas han presidido la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del INE. Esa responsabilidad hace especialmente significativo su silencio: conocen los obstáculos que enfrentan las mujeres para ejercer sus derechos y han tenido a su cargo impulsar acciones para combatirlos.
La pregunta es inevitable: ¿no deberían empezar por su propia casa, el INE? ¿Cómo exigir a partidos, autoridades y sociedad sensibilidad frente a la violencia contra las mujeres si, ante la denuncia de una compañera del Consejo General, no se expresa siquiera un gesto público de respaldo?
En la cobertura revisada tampoco se advierte un pronunciamiento de solidaridad de los colectivos de mujeres. Esa ausencia pública merece atención. Una denuncia de amenazas contra una mujer y su familia debería convocar el rechazo a la intimidación, independientemente de sus posiciones jurídicas o de las afinidades que despierte.
La sororidad pierde fuerza cuando se reserva para quienes piensan igual. Su sentido se pone a prueba precisamente cuando una mujer con la que se discrepa denuncia una agresión. Respaldar su integridad no significa respaldar su propuesta. Rechazar las amenazas no exige cambiar el sentido del voto.
Corresponderá a las autoridades investigar los hechos y determinar si existen elementos de violencia política en razón de género. Pero expresar solidaridad no requiere esperar una resolución. Se puede reconocer la gravedad de una denuncia sin anticipar su calificación jurídica.
El disenso es fundamental para la democracia. También lo es que quienes deliberan puedan hacerlo sin miedo. Una institución que defiende los derechos de la ciudadanía debe mostrar esa misma disposición hacia quienes la integran.
De cara al 17 de octubre, convendría acompañar las conmemoraciones con una revisión de las conductas. Los derechos políticos de las mujeres se honran también cuando se respalda a una compañera cuyo ejercicio del cargo está siendo amenazado.
No basta con exigir igualdad de género en el discurso si, ante las amenazas denunciadas no se muestra un gesto de solidaridad. El silencio dejó expuesta la distancia entre los principios que se defienden públicamente y la disposición a actuar cuando esos principios exigen apoyar a alguien con quien se discrepa.