Hay dependencias que desde su creación tienen claro el propósito que deben cumplir. Ese parece ser el caso de la Dirección General de Asuntos Religiosos y Gobernabilidad Democrática para la Reconstrucción del Tejido Social, adscrita a la Secretaría General de Gobierno de Tamaulipas y encabezada por Arlet Fuentes Gallegos.
Su trabajo forma parte de una visión que ha impulsado el gobernador, Américo Villarreal Anaya, y que desde la Secretaría General de Gobierno ha respaldado y fortalecido Héctor Joel Villegas González, al colocar el diálogo, la participación social y la construcción de la paz como elementos centrales de la transformación de Tamaulipas.
De reciente creación, esta instancia ha construido una agenda cercana a las asociaciones religiosas; ofrece orientación y acompañamiento en trámites ante la Secretaría de Gobernación e impulsa una tarea de mayor alcance: contribuir a la reconstrucción del tejido social y a la consolidación de la paz.
Su trabajo parte de una premisa fundamental: la paz no se construye solo atendiendo la violencia una vez ocurrida, sino previniéndola y fortaleciendo la convivencia, los valores y la participación comunitaria.
En esta tarea, las comunidades religiosas representan aliadas importantes por su presencia territorial, su capacidad de convocatoria y su trabajo cercano con las familias.
A través del Consejo Estatal de Paz y Justicia Cívica, se ha buscado además generar espacios de diálogo y coordinación entre el gobierno, las iglesias, la sociedad civil, la academia y otros sectores.
El reto es enorme y los resultados no pueden medirse de la noche a la mañana. Reconstruir el tejido social requiere continuidad, coordinación y la participación de toda la sociedad.
Sin embargo, desde Tamaulipas se está dando un paso importante: tender puentes entre las instituciones y las comunidades para trabajar de manera conjunta por una sociedad con mayor convivencia y paz.
Y es que la paz no solo se decreta: se construye todos los días desde las instituciones, las familias y las comunidades.
Con esto se recalca el respeto al marco legal y constitucional, en el cual se garantiza que toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión.