Absurdo económico y peligro político. II

Descartada la racionalidad económica por los costos (destruir riqueza, destinar recursos públicos para pagar indemnizaciones, aumentar el servicio de la deuda pública por la devaluación, generar desconfianza sobre la racionalidad de las políticas económicas del nuevo gobierno), la cancelación del aeropuerto en Texcoco fue una decisión eminentemente política, cuyo objetivo era señalar la supremacía de la política frente a la lógica voraz de negocios de los grupos empresariales poderosos y sus cómplices, los políticos corruptos.

Suena muy bien, excepto por que el resultado puede ser el contrario. Por tres razones. La primera. Imponerse sobre los poderes económicos requiere un Estado fuerte fiscalmente, que no es nuestro caso, pues sus finanzas son frágiles. La decisión de AMLO las debilitará aún más por los compromisos derivados de la cancelación (entre 12 y 20 mil millones de dólares). Tal carga presupuestal le resta margen de maniobra a cualquier gobierno. O se endeuda más (haciendo fuerte a “los mercados”) o le quita recursos a programas y obras públicas (reduciendo su eficacia, con el riesgo de debilitar su base social). Enfrentarse a la oligarquía para que pagara más impuestos hubiera sido la batalla valiosa, pues hubiera fortalecido al Estado financieramente, con lo cual cumpliría mejor su función de generador de bienestar social. Equivocó la batalla.

Segunda razón por la cual no necesariamente se fortalecen las instituciones políticas es el uso de métodos autoritarios para la toma de decisiones. La consulta para justificar la decisión fue una farsa; nadie, excepto el Presidente electo y sus más fieles seguidores, creen que fue democrática. No fue ilegal, pero el uso arbitrario y fraudulento de la democracia para justificar decisiones personales mina la de por sí débil democracia mexicana.

Revestir la voluntad presidencial con un mandato ciudadano fabricado a modo, en una consulta que no cumplió con los requisitos legales ni técnicos mínimos, confirmó las sospechas de muchos sobre el estilo de gobernar de AMLO: es un populista, con el añadido de que lo anunció como el nuevo método de toma de decisiones. “Váyanse acostumbrando”, dijo. Si son consultas serias y legales, bienvenidas. Pero si la iniciativa de reformas al artículo 35 constitucional resulta en legalizar las consultas patito y suplantar la voluntad de la sociedad, pudiera ser el primero de los cambios hacia un régimen autoritario. El autoritarismo puede ser funcional en el corto plazo; en el mediano y largo socava al Estado y perjudica severamente a la sociedad. Gravísimo.

La tercera razón por la que el gobierno puede salir debilitado es el desgaste de AMLO frente al sector privado, el que genera riqueza. La confianza está dañada, pese a la reunión con los contratistas de Texcoco. Los inversionistas financieros del exterior no tienen que hacer concesiones a AMLO; sacarán su dinero a la siguiente trastada. La caída de su popularidad no será inmediata, pero al debilitarse la economía, perderá respaldo social. Ya se lo dijo Diego Valadez en Proceso: puede quedarse solo y fracasar. La popularidad no es eterna ni AMLO es infalible.