En México la gente no llega a la justicia preguntando “¿tengo derecho?”, sino “¿me conviene?”. Esa sola pregunta explica buena parte de nuestra vida pública. Porque cuando exigir un derecho implica perder tiempo, dinero y paz, el derecho deja de ser un piso común y se vuelve un lujo.
La escena es cotidiana. Un depósito que no regresa. Una renta impagada. Un despido “arreglado”. Una pensión que no llega. Un consumo fraudulento. Un vecino que hostiga. La persona trae pruebas: mensajes, recibos, testigos. Hay razón. Y aun así, demasiadas veces el consejo profesional termina siendo: “sí, pero te va a salir más caro perseguirlo”.
El Poder Judicial de la Federación está viviendo su momento más expuesto. No solo por sus expedientes, sino por la política. Reforma, ataques, defensas, discursos cruzados, sospecha instalada. En ese clima, cada decisión se vuelve símbolo y cada símbolo se vuelve pleito. Y cuando la justicia se convierte en campo de batalla, el ciudadano se queda sin árbitro.
Ahí ocurre el verdadero derrumbe del Estado de derecho: no cuando falta la norma, sino cuando falta el remedio. La justicia se vuelve una prueba de resistencia: notificaciones que no llegan, audiencias que se difieren, expedientes que avanzan por inercia, criterios impredecibles según el juzgador. El sistema no solo castiga al culpable; castiga al que insiste.
Y luego nos preguntamos por qué prospera el abuso. La respuesta es simple: porque el incumplimiento se vuelve estrategia. El que no paga apuesta a que no lo demandarán. El que engaña apuesta a que el proceso desgastará más al afectado que a él. La impunidad no es solo ausencia de castigo: es un incentivo mal diseñado. Por eso el abuso cotidiano florece con una tranquilidad que debería avergonzarnos.
En medio de ese paisaje, al juez se le exige decidir como si habitara un mundo ideal: con serenidad, con tiempo, con independencia intacta. Pero decide bajo saturación, presión pública, sospecha constante y, en ciertos territorios, riesgos. Y ahora decide además con el ruido político encima: la tentación de leer todo fallo como alineamiento. Ese entorno empuja a una justicia defensiva: formalismo como chaleco, prudencia como escudo, diferimiento como costumbre.
La discusión sobre el Poder Judicial solo importa si cambia una cosa: que “tener razón” deje de ser un lujo y se vuelva un resultado. La justicia se sostiene en una promesa mínima: si tienes razón, el Estado te acompaña. En México, demasiadas veces, el Estado te cansa. Y cuando el Estado cansa, la gente aprende la peor lección: mejor negociar con el abuso que pelear por el derecho.