En días pasados, un trasnochado diputado del Partido del Trabajo, partido político lamprea de Morena, presentó una iniciativa de reforma fiscal proponiendo gravar con un impuesto el patrimonio neto de las personas físicas residentes en México, así como, de extranjeros con establecimiento permanente en el país (primera inconstitucionalidad), al que llamó, pomposamente, “Impuesto a la Riqueza”.
Queda claro que la iniciativa de mérito es una simple declaración política sin soporte real en datos técnicos que derrumba los intentos de la presidentE Sheinbaum de restablecer la confianza de la iniciativa privada e inversionistas extranjeros que destruyó Manuel Andrés López Obrador (MALO), atacando a la inversión privada.
El autor de la iniciativa reconoce que su propuesta es una copia al carbón de la presentada por el zoocialista Gustavo Petro en Colombia, quien, en diciembre pasado, y sin medir las consecuencias a largo plazo, declaró, (bajo condiciones muy diferentes a las de México) un “estado de emergencia económica y social derivado de un déficit primario en las finanzas públicas” e implementó un impuesto al patrimonio.
Desde el punto de vista técnico, un impuesto al patrimonio es totalmente ineficiente, la propuesta no respeta el principio de equidad y es completamente inviable, máxime que pretende cobrarlo solo a aquellas fortunas que pasen de 100 millones de pesos.
El primer efecto que va a provocar, de prosperar, es una impresionante fuga de capitales que, de por sí, por las políticas zoocialistas de nuestros últimos gobiernos, muchos inversionistas están sacando sus inversiones del país, buscando mayor seguridad tanto física como jurídica, esto impulsará más esta estampida, los capitales no tienen patria.
Además, en un contexto de competencia fiscal internacional como el actual, empeora la competitividad del país para atraer inversión y talento de altos ingresos.
El resultado puede ser que el impuesto recaude menos de lo esperado e incluso genere pérdida de recaudación de otros tributos (ISR, IVA, etc.) por menor actividad económica.
Como propone tasas diferenciadas, muchos ricos bajarán la tasa donando a sus hijos, entre más hijos menos impuesto y los casados por sociedad conyugal modificarán su régimen matrimonial al de separación de bienes.
Además, ¿para qué ahorrar en México si me van a cobrar impuesto solo por ser rico?, situación que notoriamente desincentiva el ahorro, pues, aunque en México la doble tributación no está prohibida, me lleva a la ruina al cobrarme impuesto sobre bienes adquiridos con una utilidad que ya pagó impuesto al generarla.
Propone cobrar por patrimonio neto de: I. De 100 millones a 500 millones de pesos, la tasa anual aplicable será de 1.5 por ciento; II. De 500 millones a mil millones de pesos, la tasa anual será de 2.5 por ciento, y III. Más de mil millones corresponderá 3.5 por ciento.
Además, un impuesto de esta naturaleza desalentaría el emprendimiento violando también el derecho a la propiedad al generar escenarios de múltiple tributación ya que el Impuesto sobre la Renta, el impuesto propuesto y el impuesto predial recaen sobre la misma realidad económica.
La iniciativa no explica “cómo” se evaluarían los activos líquidos, criptomonedas, empresas familiares, acciones, bienes intangibles, inmuebles singulares, obras de arte, antigüedades, etc., al dejar en manos del SAT los métodos de valuación que, de seguro, serán arbitrarios y generarían litigios. De remate, pretende, por la omisión de pago, multas del doble del impuesto omitido y responsabilidad penal inherente.
Recordemos que, en España, un impuesto similar presentó graves problemas estructurales ya que muchas familias son ricas en propiedades, pero pobres en flujo de caja y pagar un impuesto así los lleva a tener que vender su patrimonio para pagar el impuesto o sacar del país las obras de arte o criptomonedas, (contrabando) para evadirlo.
Pero, en fin, la desesperación de obtener recursos fiscales del partido gobernante y sus secuaces no tienen límite, por lo que hay que estar muy atentos.