Nueva York / Ciudad de México. A cuatro años de que concluya el plazo para cumplir la meta de reducir a la mitad las muertes y lesiones por hechos de tránsito, la comunidad internacional reconoció que el avance es demasiado lento.
Reunidos en Nueva York, los Estados miembros de Naciones Unidas aprobaron una nueva declaración política que, más que celebrar logros, admite que los resultados son insuficientes y plantea una agenda mucho más exigente para los gobiernos.
El diagnóstico es contundente. El documento reconoce que las lesiones por tránsito siguen siendo una de las principales causas de muerte entre niños, adolescentes y jóvenes de 5 a 29 años, que el 92% de las víctimas mortales se registra en países de ingresos bajos y medios, y que el objetivo global para 2030 está lejos de alcanzarse de manera uniforme.
Apenas diez países lograron reducir en al menos 50% sus fallecimientos durante la década anterior.
Bajo la presidencia de la Asamblea General, encabezada por Annalena Baerbock, y con la participación del director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, este lunes comenzó en la sede de las Naciones Unidas una reunión de alto nivel, con ministros, organizaciones de la sociedad civil, empresas, jóvenes y especialistas con el objetivo de acelerar las acciones para reducir a la mitad las muertes y lesiones viales antes de 2030.
Entre los participantes estuvieron Jean Todt, enviado especial del Secretario General de la ONU para la Seguridad Vial y uno de los principales impulsores de esta agenda internacional, así como Lok Bahadur Thapa, presidente del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.
El eje de la reunión fue el lema “Escalar y acelerar la implementación de los compromisos para reducir a la mitad las muertes y lesiones de tránsito para 2030", pero el mensaje que dominó la sesión fue menos optimista. La declaración política aprobada por los Estados miembros reconoce, por primera vez con ese nivel de claridad, que "el progreso hacia la meta de 2030 es insuficiente y desigual".
Como en México, donde pese a que desde 2022 se aprobó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, buena parte de las transformaciones previstas por esa legislación siguen avanzando con lentitud.
La armonización de las leyes estatales permanece incompleta, 11 estados aún no lo hacen, entre ellos la Ciudad de México, Hidalgo, Morelos, Oaxaca y Querétaro. Además, la coordinación entre los tres órdenes de gobierno es desigual y todavía no existe un financiamiento sostenido que permita convertir la seguridad vial en una política pública permanente.
La declaración de Naciones Unidas, de hecho, puede leerse como un listado de los pendientes que enfrenta México en seguridad vial.
El primero es la gobernanza. Los Estados se comprometieron a contar con una autoridad nacional con facultades legales, presupuesto y capacidad para coordinar las políticas de seguridad vial. Esa instancia no existe aún en el país.
Otro de los desafíos señalados por la ONU es la información de siniestros viales. La declaración advierte que "el monitoreo mundial depende de datos nacionales oportunos, confiables, comparables e interoperables", por lo que exhorta a integrar la información de policías, hospitales y demás instituciones.
En México, las diferencias entre las estadísticas de distintas dependencias dificultan la evaluación de las políticas públicas.
La ONU también plantea un cambio de paradigma sobre la velocidad. Afirma que "ninguna muerte o lesión grave en las vías es aceptable" y recuerda que "el riesgo de muerte y lesiones graves está determinado por la energía cinética", por lo que el diseño de las calles, los límites de velocidad y la infraestructura deben responder a la capacidad del cuerpo humano para sobrevivir a un impacto y no únicamente a la fluidez del tránsito.
La declaración dedica un apartado especial a peatones, ciclistas y motociclistas, estos últimos precisamente las principales víctimas mortales en México. Los gobiernos se comprometieron a impulsar infraestructura segura, proteger los entornos escolares, fortalecer el transporte público y desarrollar estrategias específicas para el uso creciente de motocicletas mediante velocidades más bajas, cascos certificados y mejor capacitación.
Los países firmanted aceptan que “los niveles actuales de financiamiento siguen siendo insuficientes" para enfrentar una crisis que cada año provoca alrededor de 1.2 millones de muertes en el mundo. Por ello, la declaración llama a convertir la seguridad vial en una responsabilidad permanente del presupuesto y a garantizar que toda nueva infraestructura vial cumpla estándares internacionales de seguridad.
La declaración no menciona a México. No hace falta. Los compromisos que los gobiernos asumieron en Nueva York coinciden con los desafíos que el país enfrenta para convertir el derecho a una movilidad segura en una realidad cotidiana. Cuatro años después de la aprobación de su ley general en la materia, el diagnóstico de la ONU confirma que la tarea pendiente ya no consiste en identificar las soluciones, sino en acelerar su implementación antes de que termine la década.