M+.- Si el proyecto de la cuarta transformación pretende sanear la vida pública, tarde o temprano tendrá que prescindir de cuadros eficaces, pero mañosos, así como de figuras populares, pero corruptas. Han servido para asegurar predominio político, control territorial y resultados electorales, pero también han dañado sus ideales y debilitado la construcción de su propuesta. La parálisis en Campeche, la violencia en Morelos y Chiapas o los escándalos en las Cámaras responden en buena medida a la designación de gobernadores ineficaces, o francamente ineptos, y de coordinadores legislativos astutos, pero de agendas opacas.
Se entiende que Andrés Manuel López Obrador haya reclutado cuadros operativos y tejido alianzas a diestra y siniestra para llegar al poder, y conservarlo antes y después de 2018. Lo dijo alguna vez: tras las experiencias de 2006 y 2012, quedó claro que el sistema sólo podía ser vencido con sus propias armas. Pero utilizar medios que contradicen los fines es un recurso temporal; de lo contrario, termina saboteando el proyecto. Es imposible construir un país distinto con personajes como Cuauhtémoc Blanco o Adán Augusto López, por mencionar a algunos en quienes López Obrador se apoyó para iniciar la transformación. El daño no es menor: tomará años desmontar la penetración de organizaciones criminales en el tejido social y territorial de Morelos y Tabasco, fortalecida al amparo del sexenio anterior. Tampoco será sencillo revertir las concesiones hechas al Partido Verde y al Partido del Trabajo a cambio de su alianza.
Quintana Roo y San Luis Potosí ilustran el problema. Para asegurar el apoyo de los Verdes, Morena cedió hace cinco años candidaturas a figuras vinculadas con ese partido. Hoy enfrenta al pequeño monstruo que contribuyó a crear: en ambos estados, los gobernadores ampliaron su base de apoyo y pueden imponer candidatos más poderosos que cualquiera de las opciones morenistas. Algo similar ocurre en el Poder Legislativo. El respaldo del PVEM y del PT es indispensable para alcanzar la mayoría calificada que permite reformar la Constitución. Esa dependencia suele convertirse en presión para obtener posiciones y candidaturas en la siguiente elección, perpetuando el ciclo. El actual “berrinche” del PT por el trato recibido en la selección de candidatos a gubernaturas se interpreta como una maniobra destinada a conseguir presupuesto para sus programas y escaños en la próxima legislatura.
Para la presidenta Claudia Sheinbaum, el desafío no ha sido sencillo. Su “segundo piso” de la 4T implica limpiar y hacer más eficiente la administración pública, pero esa tarea se dificulta cuando tantas áreas del poder están ocupadas por actores ajenos a sus banderas. Morena los necesitó para llegar hasta aquí, pero ahora pueden impedirle avanzar hacia donde quiere ir. Son como flotadores para aprender a nadar: ayudan a mantenerse a flote, pero llega un momento en que estorban y hay que soltarlos. El problema es que hacerlo demasiado pronto implica el riesgo de hundirse.
Ese es el dilema de Sheinbaum: decidir cuándo enfrentar a un líder sindical nocivo sin desestabilizar su sector; cuándo actuar contra un general corrupto sin provocar resistencias; cuándo rechazar los chantajes de un partido aliado, aun si este termina apoyando a la oposición, o cuándo vetar a un candidato impresentable, pero popular, aceptando incluso la posibilidad de perder un estado.
No se trata sólo de que un movimiento apresurado, inoportuno o mal calculado pueda costar una elección o provocar una crisis en alguna zona del entramado político. En términos prácticos, la Presidenta podría gobernar con el partido oficial en 23 o 22 entidades en lugar de 24; ha demostrado que puede operar con fluidez incluso con gobernadores de oposición. El problema es que impulsar una agenda de honestidad y limpieza genera olas, y un oleaje constante puede leerse como señal de debilidad. Se dirá que López Obrador mantenía bajo control a los cuadros morenistas que hoy murmuran a las espaldas de Sheinbaum. Varias razones lo explican, entre ellas una operación política como la de Adán Augusto López, capaces de traducir la voluntad presidencial en arreglos y componendas. Entregar candidaturas al aspirante más popular evita rebeliones, o vuelve inofensivas las que surgen, aunque produzca malos gobernantes o legisladores. En cambio, poner límites a figuras poderosas como Pedro Haces genera fricciones y abre la puerta a la inestabilidad.
Aun así, la Presidenta ha intentado impulsar esta nueva agenda con cautela, midiendo riesgos y correlaciones de fuerza. Se deshizo de Adán Augusto López, hizo ajustes en el partido y en el gabinete, y buscó un mayor apego a su programa. También ha construido, poco a poco, alianzas con gobernadores que pueden acompañarla en esa ruta. Mi impresión es que, conforme gane confianza en la piscina, irá desprendiéndose de esos “flotadores”.
Los resultados electorales de 2027 serán comparados con los de 2024, en un contexto donde el éxito político suele medirse en términos cuantitativos. Ojalá la Presidenta logre liberarse de esa lectura elemental. Tan importante como el número de posiciones obtenidas es la calidad ética y profesional de quien vaya a ocuparlas. Al respecto, Sheinbaum tiene una ventaja considerable: ya no necesita una mayoría calificada de dos tercios en las Cámaras, pues los cambios constitucionales que requería la 4T ya fueron aprobados. Después de ocho años de gobierno, resulta mucho más urgente sanear las dirigencias que preservar una unidad engañosa y una estabilidad aparente que empobrecen la transformación que el movimiento dice defender.