Después de un sexenio de discrepancias, gobierno y empresarios parecerían haberse puesto de acuerdo en algo: México necesita salir del impasse económico en el que ha caído, pero debe hacerlo sin poner en marcha las viejas inercias que profundizan la desigualdad. Crecer y distribuir, la consigna en ambas partes de los hemisferios económicos: el sector público y el sector privado. Que ambos lleguen a tal consenso no es poca cosa, pero tampoco es suficiente, porque en la práctica no está sucediendo. No todavía.
En efecto, en el primer año del sexenio de Claudia Sheinbaum la inversión pública disminuyó y la inversión privada nacional se contrajo. El resultado es que la economía apenas creció 0.4 por ciento en 2025, menos que el incremento de la población. Solo la inversión extranjera aumentó el año pasado, pero representa menos de la décima parte del total.
El tema de fondo es saber si los datos de este primer año de sexenio son una constatación de la imposibilidad de los gobiernos populares de izquierda, y concretamente el de la cuarta transformación, para generar un crecimiento sostenido en empleo e inversión en una sociedad de mercado o, por el contrario, se trata del típico primer año, normalmente negativo, en el que un nuevo gobierno construye la obra negra para estar en condiciones de alzar una obra más significativa el resto del sexenio.
Unos piensan lo primero, otros lo segundo. Hay datos para todos los gustos, dependiendo de lo que quiera priorizarse. Sin embargo, me parece que habría que desdramatizar el enfoque que tiende a satanizar o beatificar al gobierno de la 4T en términos absolutos.
El sexenio de López Obrador mostró que la 4T podía cumplir con el compromiso de mejorar la distribución, un mejor reparto del pastel. Sacó de la pobreza a 13.5 millones de personas y el termómetro para medir la desigualdad, índice de Gini, también disminuyó. El problema es que se creció poco: el promedio anual fue de apenas 0.9% del PIB, la mitad de lo que aumentó a lo largo de los 18 años anteriores, que de por sí era reducido. Ciertamente, la pandemia tampoco ayudó.
Pero incluso así, estaría sujeto a debate qué es preferible: ¿crecer a 2% con mayor desigualdad como sucedió con Fox, Calderón y Peña Nieto o crecer a 1% con disminución de la desigualdad, como lo hizo López Obrador? Habría argumentos para pensar que el desencanto de las mayorías en 2018, luego de 35 años de pérdida de poder adquisitivo real del salario mínimo, priorizaban un enfoque en favor de la distribución.
Esto llevaría a considerar este primer año bajo otros términos. Para empezar porque el arranque de sexenio de Fox (0.1%), de Calderón (-1.2%) y de López Obrador (-1.1%) fueron aún peores que el de Sheinbaum. No tenemos datos de cuánto ha disminuido la pobreza en estos 15 meses, porque la encuesta decisiva para saberlo se realiza cada dos años, pero es probable que el aumento en la derrama social y en el salario mínimo hayan contribuido a un descenso adicional de la desigualdad.
No estoy tratando de magnificar resultados de un primer año difícil, simplemente ponerlo en perspectiva. 2025 arroja datos preocupantes, pero en ningún sentido dramáticos. El gobierno de Sheinbaum se vio obligado a reducir la inversión pública para equilibrar las finanzas, luego del mordisco que López Obrador le asestó para terminar sus obras; este año se retoman nuevas inversiones y se expandirán en 2027. De igual forma, hay una apuesta ambiciosa para sanear la operación de Pemex, que de tener éxito liberará recursos significativos en la segunda mitad del sexenio. Y, por lo demás, la revisión del Tratado Comercial con Estados Unidos este año podría dar certidumbre a una inversión privada que ha vivido con el Jesús en la boca con la turbulencia ocasionada por Trump. En otras palabras, durante el primer año se operó con factores desfavorables para la inversión y, no obstante y modestos como son, los resultados no han sido calamitosos, ni mucho menos.
Pero tampoco alcanzan. Y en eso estamos de acuerdo todos. En un artículo con el título “Dialogar no es suficiente”, Valeria Moy afirma en el diario El País, que la inversión no responde a declaraciones de buena voluntad, sino a reglas claras, proyectos viables y señales consistentes, que ya se habló suficiente, que ahora toca trabajar. “Porque el crecimiento no surge del diálogo, sino de lo que se hace después de que el diálogo termina”.
De acuerdo, aunque con un matiz. El diálogo tendrá que continuar, porque será una tarea interminable. No obstante, hoy partimos de una base diferente. Por vez primera en muchas décadas observamos dos factores que antes no teníamos: uno, las élites económicas poco a poco se han convencido de que el país necesita crecer con menos desigualdad, que hay una lógica razonable en “el primero los pobres por el bien de todos”, aunque sea por necesidad de estabilidad. Y dos, el poder político tiene una base de apoyo que no abunda en el mundo o en nuestro pasado. La popularidad de la que goza el gobierno de Sheinbaum ofrece un margen de acción inusual para introducir cambios. En conjunto, las élites económicas y políticas tienen una oportunidad histórica para intentar un maridaje entre un crecimiento mayor y una distribución social aceptable. Fácil no es, porque por inercia la dinámica de una sociedad de mercado tiende a generar desigualdades: es más sencillo detonar inversiones en Nuevo León que en Guerrero, pero eso acentúa disparidades geográficas; lo mismo vale para ramas productivas punta y tradicionales, o para sectores sociales privilegiados y desfavorecidos. Se necesitará mucho diálogo para crecer e impulsar equilibrios.
En ese sentido habrá que ajustar perspectivas. Si el país consigue tasas de crecimiento de 2.5% anual promedio, combinado con una disminución adicional de pobreza y desigualdad, por ejemplo, será un gran mérito. Difícil, pero no imposible, a condición de no darse por vencidos antes de intentarlo. Siempre pueden encontrarse razones para ser escépticos, pero las oportunidades históricas no abundan. Un empresariado consciente de las exigencias sociales, un gobierno con considerable apoyo popular y, añadiría, una Presidenta de corte científico y profesional, particularmente dotada para la administración pública federal. Una mezcla que podría no regresar.