Pocas sorpresas en la definición de las reglas asumidas por Morena este domingo para elegir a su candidato a la Presidencia para el próximo sexenio. Emanan directamente de los criterios adelantados por Andrés Manuel López Obrador en los últimos días. El tema de fondo es determinar en qué medida el procedimiento logra el difícil equilibrio entre los tres objetivos que, implícitos o explícitos, ha estado buscando el Presidente: uno, disminuir el riesgo de un cisma dentro del movimiento y eliminar la posibilidad de una rebelión de los perdedores; dos, legitimar el procedimiento ante la opinión pública para evitar señalamientos de dedazos e imposiciones; tres, asegurar un relevo que ofrezca garantías a la continuidad del proyecto obradorista. En otras palabras, un esquema que sea aceptado por los participantes, pero que no ponga en riesgo la inercia de las tendencias actuales que favorecen la selección de un candidato conveniente para el relevo. O para decirlo en plata pura, si asumimos que en este momento la foto de la carrera favorece a Claudia Sheinbaum, la presunta favorita del Presidente, ¿en qué medida el afán de ofrecer condiciones competitivas para evitar rebeliones y favorecer la imagen del procedimiento podrían provocar otro resultado y mejorar las posibilidades de Marcelo Ebrard, el único real contendiente?
¿Lo ha conseguido López Obrador? En parte sí, creo que favorita o no, está tanto o más interesado en que la transición no divida al obradorismo. Y aunque no lo abre del todo, seguramente las nuevas condiciones despierten alguna esperanza en los seguidores del ex canciller, aunque faltan aspectos decisivos para calibrar tales esperanzas. Algunas de las precisiones impulsadas por el Presidente para conseguir un piso más parejo recogen una de las objeciones de Marcelo Ebrard: la renuncia de los precandidatos a sus actuales funciones, obstaculizando que sus rivales hagan campaña apoyados por sus oficinas de gobierno; prohibir que los actuales gobernadores y otros funcionarios de Morena apoyen explícitamente a uno u otro aspirante; participación de los contendientes en
la definición de las preguntas de la
encuesta final y la selección de las empresas encuestadoras. Pero también hay que decir que otras propuestas de Ebrard fueron ignoradas: no habrá debates entre los aspirantes bajo el argumento de que eso favorecía la desunión y el golpeteo; y, de igual forma, se rechazó la petición del ex canciller de que la encuesta definitoria solamente conste de una pregunta (¿a quién prefiere como candidato de Morena a la Presidencia?), para evitar el riesgo de algún otro sesgo.
¿Las resoluciones adoptadas este domingo proporcionan un piso más parejo? Un poco sí, quizá lo suficiente para que Ebrard acepte participar en el proceso y, en su momento, reconocer el resultado, aunque es difícil valorar si eso basta para que en los dos meses de campaña logre remontar la ventaja de 8 a 10 puntos promedio en la intención de voto que, según sondeos, le lleva de ventaja Claudia Sheinbaum. Él esperaba que los debates mejoraran su imagen frente a sus rivales y le permitieran acortar distancias. Tampoco es poca cosa el número de preguntas que incluya el cuestionario y, sobre todo, los temas que aborde: quién es más honesto o a quién se considera más cercano a las banderas el movimiento, serían preguntas que favorecen a Sheinbaum. Quién es más conocido o conoce mejor la situación del país, podrían ser más convenientes para Ebrard. Una definición polémica, pues.
Otro tema fundamental es la elección de las casas encuestadoras. A favor de Ebrard habría que decir que en su reunión de este domingo, Morena decidió que no participen casas encuestadoras que erraron por mucho margen en elecciones recientes; no se mencionaron por nombre, pero en teoría eso deja fuera del proceso a algunas como Covarrubias o Enkoll que pronosticaron una ventaja de Delfina Gómez muy por encima de los resultados de los comicios del Estado de México. Son las mismas empresas que en estos meses han otorgado a Sheinbaum un margen considerable en la punta de la actual carrera.
Quizá todo esto no sea suficiente para revertir tendencias, pero ciertamente genera algunas expectativas dentro del cuarto de guerra del ex canciller. Lo cierto es que el debate respecto a la definición de estas preguntas y la elección de las empresas encuestadoras será todavía un momento frágil en toda esta cuidada y cerebral operación diseñada por López Obrador para conseguir una transición sin fracturas, razonablemente legítima y, sobre todo, conveniente a la prolongación de su proyecto social y político.
Sin embargo, se trata de condiciones y reglas de un proceso inédito; el Presidente ya hizo su parte con un esquema que propicia la transición no a una persona sino a un equipo, con reglas que disminuyen los riesgos de fisuras y permiten una relativa competencia. Lo demás esperemos que lo digan los ciudadanos, no los operadores.