M+ El combate a la delincuencia que ha emprendido el gobierno de Claudia Sheinbaum se ha convertido en uno de sus más importantes argumentos de credibilidad y eficacia. Los datos están a la vista, sea por la caída en picada del número de asesinatos por día, los casi 50 mil delincuentes que han ingresado a prisión o el anuncio diario de la detención de capos y operadores financieros de los cárteles. Sin embargo, paradójicamente, esa meritoria lucha contra la delincuencia está desnudando lo que comienza a convertirse en el peor rasgo del gobierno de Claudia Sheinbaum: la aparente inclinación a proteger a altos rangos de Morena.
El problema para la Presidenta es que todos los caminos de combate a la delincuencia organizada conducen, tarde o temprano, al poder político. Y ese poder reside desde hace ocho años mayormente en personas relacionadas con Morena.
Habría que reconocer que Sheinbaum no se ha detenido ante irregularidades cometidas por cuadros intermedios. Decenas de presidentes municipales y autoridades locales han sido investigadas y sus policías desmanteladas, independientemente del partido bajo cuya bandera llegaron al poder. Las investigaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Fiscalía General de la República, de la Secretaría Anticorrupción o de la Unidad de Inteligencia Financiera llevan rato procesando a funcionarios de la administración pública, a oportunistas y proveedores que prosperan gracias a malas prácticas a la sombra del gobierno. Pero por alguna razón invariablemente el proceso se detiene antes de llegar a un general, a un gobernador, a un exmiembro del gabinete de la 4T, a un empresario relacionado con los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Formalmente tiene razón la Presidenta cuando afirma que el gobierno no puede actuar sin una denuncia explícita o la existencia de evidencias de culpabilidad, más allá de las notas periodísticas que los incriminan. Muchas de ellas, en efecto, claramente son impulsadas por el deseo de dañar la imagen del gobierno de la 4T. Pero eso no exime a su administración de la tarea de hacer la investigación pertinente antes de apresurarse a salir en defensa de los suyos. En algunas ocasiones la información sobre los abusos cometidos por las segundas parrillas es tan evidente, que resulta inverosímil el argumento de que ninguno de los titulares de puestos importantes en Morena sepa lo que hacen sus operadores inmediatos. En todo caso, es inadmisible que un gobierno que presume combatir la impunidad acepte ese argumento de manera automática y no los investigue.
El almirante secretario no sabía lo que hacían sus sobrinos, el gobernador Rocha ignoraba las argucias de su fiscal o la repentina y milagrosa habilidad empresarial de sus hijos, Adán Augusto López nunca se enteró de que su secretario de seguridad pública era la cabeza de un cártel o la gobernadora de Baja California desconocía en qué andaba metido su esposo. En todos los casos ellos eligieron a esas segundas parrillas y lo que estas llegaron a hacer favoreció al poder o la riqueza del propio titular.
Puede entenderse que Sheinbaum, responsable del movimiento, no se muestre particularmente entusiasta a entregar cabezas conspicuas del gobierno de la 4T. Ponerlos tras las rejas perjudica la imagen del partido, del fundador y de su propia administración. En otro texto abordaré los posibles motivos que tenga para esta reticencia.
No obstante, habría que reconocer que el costo de no hacerlo comienza a ser muy elevado. Entre otras razones porque da pie a la absurda acusación de algunas agencias de Washington de que su gobierno protege al narco o que la Presidenta está maniatada para llegar al fondo del problema.
Adicionalmente dos factores multiplican ese daño. Por un lado, la defensa que suele hacer la propia Presidenta, cada vez que surge a la luz un nuevo escándalo. Compromete la neutralidad que se espera de un jefe de Estado y su legitimidad para administrar justicia de manera imparcial. No es imprescindible que se convierta en la abogada frente a la opinión pública de personas que pueden o no ser culpables de lo que se les imputa, pero que en todo caso se han ganado a pulso reputaciones impresentables. ¿Qué necesidad hay en contaminar con tales personajes a su propia figura pública?
Pero, sobre todo, lo que en verdad compromete la imagen del gobierno de Claudia Sheinbaum es la preocupante frecuencia con la que olvida esta condescendiente actitud hacia los suyos y la convierte en implacable severidad contra figuras de la oposición. La detención en fast track del exgobernador panista Ernesto Ruffo, por delitos cometidos por una empresa de la que es socio, o la enjundia contra la que se intentó crucificar políticamente (y en algún momento judicialmente) a la gobernadora de Chihuahua por un operativo realizado con presencia de la CIA, dejan un mal sabor. A ellos no les sirvió el argumento que una y otra vez ha salvado en automático a los funcionarios vinculados a Morena: “no estaban al tanto de lo que hicieron sus colaboradores”.
Lo de Ruffo es particularmente delicado porque, a diferencia de Adán Augusto López o Marina del Pilar Ávila, de trayectorias cuestionables por decir lo menos, el primer gobernador de oposición de la historia tenía una reputación de hombre honesto. Lo cual, desde luego no significa que sea inocente de los delitos que se le imputan. Pero la rapidez, la forma aparatosa en la que fue detenido o el trato penitenciario de criminal peligroso que se le está otorgando, son de una severidad innecesaria. Espero que las autoridades judiciales sepan lo que están haciendo.
No me explico en qué beneficia al gobierno de Claudia Sheinbaum este aparente doble rasero. Si el propósito es mostrar que “ellos” son corruptos y “nosotros” no, habría que insistir que no se está consiguiendo. Lo único que se logra es darle la razón a las peores versiones de los críticos, de que el gobierno utiliza la justicia para otorgar impunidad a sus amigos y castigar políticamente a sus adversarios. Si es así, es imperdonable y tendría que ser corregido si la 4T quiere salvarse a sí misma.