M+.- Sobre la economía mexicana actual pesa una leyenda negra que se repite con insistencia: los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación son capaces de mejorar la distribución del ingreso, pero al precio de sacrificar el crecimiento económico. Según esa lectura, el modelo serviría para repartir mejor la riqueza, sin embargo es insostenible a la larga, porque inexorablemente conduce al estancamiento y, por ende, al empobrecimiento de las personas.
El sexenio de Andrés Manuel López Obrador parecería alimentar esa interpretación: hubo una mejoría evidente en salarios mínimos, ingresos de los hogares pobres y reducción de la miseria, pero el crecimiento promedio del PIB se ubicó cerca de 1 por ciento anual, por debajo de 2 por ciento que México había registrado, también de manera mediocre, durante los gobiernos neoliberales de 2000 a 2018. La pandemia y una caída de 8 por ciento en el PIB en 2020 explicarían el pobre resultado según los lopezobradoristas, pero sus críticos aseguran que la verdadera razón estriba en la inviabilidad del modelo “populista”.
La pregunta decisiva para el sexenio de Claudia Sheinbaum es si esa tensión entre justicia social y dinamismo productivo resulta inevitable. Es decir, si México está condenado a elegir entre una economía que crece poco, pero distribuye mejor y otra que crece algo más, pero concentra los beneficios. Mi impresión es que el desenlace puede ser distinto. Y el gobierno de Sheinbaum podría estar en camino de demostrarlo.
El primer año del sexenio fue modesto: el PIB avanzó alrededor de 0.8 por ciento en 2025, de acuerdo con las mediciones difundidas tras el cierre del año. El dato confirmó una desaceleración, marcada por la debilidad industrial, la cautela de la inversión y la incertidumbre externa. Aunque comparada con los últimos cuatro sexenios, tampoco representa una anomalía: en el año 1 de Fox el PIB cayó 0.4 por ciento; con Calderón aumentó 2.2, con Peña Nieto 1.1 y con López Obrador cayó 0.1. Con un aumento cercano a 1 por ciento en 2025, Sheinbaum libró el escenario recesivo que algunos anticipaban y dejó abierta la posibilidad de una recuperación gradual.
Para 2026, las previsiones se han movido en una franja moderada. El Banco de México elevó su estimación hacia 1.5 por ciento para este año y mantuvo para 2027 una proyección cercana a 2 por ciento, aunque con márgenes amplios de incertidumbre. Otros organismos internacionales han sido más cautelosos: el FMI y el Banco Mundial han situado sus expectativas por debajo o alrededor de ese umbral, mientras Hacienda ha defendido rangos más optimistas, apoyados en infraestructura, consumo interno, inversión pública y privada, exportaciones y condiciones financieras menos restrictivas. No se trata, por tanto, de una economía lanzada al despegue, pero tampoco de una condenada al estancamiento. En los últimos cuatro meses la industria ha vuelto a crecer de manera consistente y de confirmarse llevaría a una revisión hacia arriba de los pronósticos anteriores. El punto clave está en la tendencia: después de un arranque bajo, el crecimiento podría subir a 1.5 por ciento en 2026, rondar 2 por ciento en 2027 y situarse por encima de ese nivel en la segunda mitad del sexenio.
Si esa trayectoria se confirma, el resultado final del gobierno de Sheinbaum sería políticamente relevante. No porque México vaya a convertirse de pronto en una economía de alto crecimiento, sino porque demostraría que un modelo con fuerte énfasis redistributivo puede igualar, e incluso superar ligeramente, el desempeño promedio de los gobiernos neoliberales.
Habría que insistir que el crecimiento anual cercano a 2 por ciento de las décadas anteriores tampoco fue una hazaña. Tiende a juzgarse al desempeño económico de la 4T como si estuviese cometiendo una tragedia tras la supuesta prosperidad conseguida por los gobiernos del PRI y el PAN recientes. En realidad el país apenas creció lo necesario para compensar el aumento de la población. La “prosperidad” lo consiguió canalizando los beneficios al tercio superior. Fue insuficiente para cerrar brechas sociales, elevar la productividad de manera sostenida o incorporar plenamente a millones de trabajadores a empleos formales de calidad. El problema es que ese bajo dinamismo se acompañó de alta desigualdad, salarios deprimidos y una débil capacidad del Estado para corregir desigualdades territoriales y sociales.
La apuesta de Sheinbaum consiste en conservar el piso redistributivo del sexenio anterior y agregarle una política industrial y de infraestructura más deliberada. El Plan México, la relocalización de cadenas productivas, la transición energética, los corredores industriales, la inversión en trenes, puertos, agua, vivienda y tecnología pueden convertirse en motores de un crecimiento más sólido si logran articularse con inversión privada y certidumbre jurídica suficiente.
También será decisivo el mercado interno. La distribución social no sólo tiene un valor ético; puede tener un efecto económico expansivo. Cuando los sectores populares reciben mejores ingresos, una proporción elevada de ese dinero vuelve rápidamente al consumo. Eso sostiene comercio, servicios, pequeñas empresas y economías locales. A diferencia de los beneficios concentrados, que pueden traducirse en ahorro financiero o fuga de capitales, la mejora de ingresos en la base social tiende a circular dentro del país. Por eso la política salarial y social de la 4T no debe verse únicamente como gasto, sino como una forma de fortalecer demanda interna y cohesión social. El desafío es acompañarla con productividad, capacitación, crédito, formalización y mayor inversión.
El gran obstáculo, por supuesto, viene del exterior. La presidencia de Donald Trump ha introducido un factor de desestabilización que no puede subestimarse. Sus amenazas arancelarias, la presión migratoria, la revisión del T-MEC y el uso político de la relación comercial con México generan incertidumbre para inversionistas, exportadores y gobiernos estatales. Una parte de la debilidad industrial de 2025 y de la cautela inversora de 2026 se explica por ese ambiente. Sin embargo, la misma tensión encierra una paradoja: cuanto más conflictiva se vuelve la relación comercial global, más valor adquiere México como plataforma cercana, integrada y competitiva para abastecer al mercado norteamericano. El riesgo Trump puede retrasar decisiones, pero no elimina la lógica estructural del nearshoring.
Desde luego, nada está garantizado. Una escalada comercial con Estados Unidos, un deterioro fiscal, problemas de seguridad, falta de energía suficiente, conflictos regulatorios o una ejecución deficiente de obras podrían reducir el crecimiento y confirmar la crítica de los escépticos. Pero también es posible el escenario contrario: que México aproveche su ubicación geográfica, su integración manufacturera, su mercado interno y la continuidad de una política social robusta para entrar en una etapa de crecimiento moderado con bienestar. No sería el milagro económico que el país necesita, pero sí una refutación importante de la caricatura: la idea de que distribuir mejor equivale necesariamente a crecer menos. Sheinbaum tiene una buena oportunidad para demostrar que la justicia social no es el límite del desarrollo, sino una de sus condiciones.