M+.- La polarización política y mediática produce esquizofrenia. Para “el sentido común” de un ciudadano expuesto a los medios tradicionales y a las plataformas digitales resulta un absurdo la popularidad de Claudia Sheinbaum o el predominio de Morena. Cualquier habitante de una colonia acomodada tiene hartas razones para exasperarse con los gobiernos de la
4T y un inagotable flujo de noticias que dan cuenta de los excesos, desaciertos o incongruencias de la clase política en el poder. No obstante, el dato es duro: la aprobación al gobierno de la Presidenta se ha instalado en torno al 70 por ciento y parece refractaria a escándalos que, “inexplicablemente”, no abollan esta cifra.
El misterio desaparece cuando caemos en cuenta de que “el sentido común” de un pasajero del Metro, un trabajador de la construcción o una costurera es distinto al de quien habita una casa con cochera para dos autos. Y no porque les falte información o vivan engañados, sino porque su realidad se nutre de “otros datos”: datos que no recogen de un periódico o una tertulia de análisis en televisión, sino de su entorno y su bolsillo. El Inegi acaba de poner en números la enorme transferencia social que ha tenido lugar en los últimos ocho años de los sectores pudientes a los más pobres: los asalariados aumentaron su participación en el PIB de 26.7 por ciento a 30.8 por ciento, cuatro puntos. El aumento significa 1.5 billones de pesos más cada año en las bolsas de los trabajadores (mil quinientas veces mil millones de pesos). El excedente empresarial bajó de 44 por ciento a 40 por ciento como proporción del PIB. En esencia, el reparto del pastel se modificó o, para decirlo de otra manera, la tajada de los empresarios en 2018 era de 44 por ciento y la de los trabajadores, de menos de 27 por ciento en el reparto del esfuerzo productivo; es decir, 17 puntos de diferencia. Hoy ha descendido a menos de 10, y contando...
Obvio es decir que se trata de un fenómeno que invirtió las tendencias con las que operaba la lógica del sistema en los últimos 50 años, durante los cuales se privilegió a los sectores prósperos. Y tampoco es un secreto la manera en que se produjo esta inversión o transferencia en beneficio de los sectores populares: incremento real y muy significativo de los salarios mínimos, fin del outsourcing, subsidios y pensiones directas, y reorientación de la inversión pública.
No hay nada misterioso en el hecho de que muchos mexicanos decidan en función de sus intereses puntuales. Lo raro es que sucediera lo contrario. El poder adquisitivo de los sectores populares ha aumentado respecto al pasado. ¿Por qué querrían votar por el proyecto político y económico de los gobiernos anteriores?
¿Por qué han perdido libertades? ¿Por qué López Obrador hizo proyectos públicos poco rentables? ¿Por qué la CNDH perdió autonomía o entraron jueces poco capacitados con la reforma judicial? ¿Por qué figuras notorias de la 4T se entregan al lujo conspicuo? ¿Por el mal gusto e incorrección del Ejecutivo al condenar por nombre a los periodistas que lo critican? En suma, ¿por las desesperantes incongruencias y desaciertos del movimiento morenista?
Todo lo anterior forma parte de la conversación pública, es cierto. Pero en la percepción de la calle tampoco es diferente a lo que sucedía en el pasado. Acusarlos de ser “lo mismo” que los de antes, en efecto, denigra a los actuales, pero no es precisamente un lema para convencer a alguien de regresar a los brazos de los anteriores.
Con una diferencia: serán “lo mismo” en muchas cosas, pero no en lo que verdaderamente importa a la mayoría de la población. El debate sobre la CNDH; si la transparencia de la información ha aumentado o decrecido tras la desaparición de organismos autónomos, o si la cancelación de la visa de Andy López Beltrán es un escándalo, palidece frente al hecho de que el salario promedio de un trabajador del IMSS pasó de $10 mil 770 pesos mensuales en 2018 a $20 mil 419 en 2026: el doble nominalmente y 64 por ciento en términos reales, descontada la inflación. En concreto, significa que un trabajador puede comprar casi el doble de lo que adquiría hace ocho años. Estamos hablando de 23 millones de trabajadores, más otros 17 millones de personas que dependen de ellos.
Además de un efecto psicológico, hay también un impacto palpable en términos de poder adquisitivo como resultado de las pensiones a los adultos mayores, de las becas a escolares, a jóvenes y a mujeres trabajadoras, muchos de los cuales no están en el IMSS. Tampoco es despreciable la reorientación del gasto a sectores como educación y salud, que habían sido desdeñados por los gobiernos neoliberales, convencidos de la ineficacia de las instituciones públicas y de su deseo de animar la expansión privada en esas áreas. A la larga, la ampliación del cupo en preparatorias y universidades públicas o la puesta en marcha de un sistema de salud universal tendrá un impacto en estos sectores, a pesar de las insuficiencias o críticas. Para muchos hará una diferencia; para otros, en el peor de los casos, quedará la sensación de que por lo menos se está intentando algo que gobiernos pasados ignoraron.
Hay, pues, una composición de tajadas diferente: ganó la masa salarial y bajó el peso de lo que se llevan los empresarios. Pero las implicaciones políticas son inmensas, porque en el sector beneficiado se encuentra el grueso de la población. Si existen datos puntuales de que el gobierno actual ha beneficiado a las mayorías, ¿por qué habría de extrañarnos que las mayorías también lo sean a la hora de ser encuestadas o de acudir a las urnas?
Todo lo anterior no significa que debamos aplaudir incondicionalmente al gobierno de la 4T o ignorar sus desaciertos. Sin crítica y autocrítica, nunca podrá trascender sus exasperantes lastres e incongruencias. Por no hablar de que el esquema de redistribución en favor de los sectores populares ya no podrá ser financiado si no se reactiva el crecimiento económico y la inversión privada que genera empleos. Pero conviene no perder la perspectiva. Apostar por un derrumbe de este proyecto de país, sin tener otro que resulte viable para las mayorías, es un salto al vacío. En materia de justicia social, la 4T logró un cambio que el país necesitaba con urgencia; lo que sigue requerirá de una versión más exigente y depurada, o correrá el riesgo de agotarse.