Samuel Huntington reflexionó: “México es el único país que Estados Unidos ha invadido, ocupado su capital (colocando a los marines en los ‘pasillos de Moctezuma’) y luego anexado la mitad de su territorio. Los mexicanos no olvidan estos eventos”. El reiterado fraseo de “soberanía” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo nos lo recuerda un día sí y otro también. Y, sin embargo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de “soberanía”? Dejemos que Max Weber se pasee por el Zócalo.
Ni indignación ni entusiasmo, el reciente diagnóstico del Departamento de Estado sobre México exige algo cualitativamente distinto al simple combate al narcotráfico: que México avance en “exposing, arresting, and prosecuting the many corrupt public officials who have aided and abetted the cartels and betrayed their own country’s security and sovereignty”. Lost in traslation?: la penetración de las organizaciones criminales en el aparato estatal mediante intermediarios que han auxiliado y favorecido al hampa. Desde la óptica sociológica de Max Weber (siguiendo a Trotsky), el problema deja de ser un mero asunto de delincuencia para convertirse en una cuestión sobre quién posee verdaderamente la capacidad de dominación territorial y el monopolio de la coerción.
Para zocalizar este dilema basta observar los casos que sacuden los cimientos del nuevo-viejo régimen. El antecedente más delicado en la geografía política nacional es el que envuelve al exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a los 10 funcionarios estatales señalados por agencias y autoridades de EU bajo la presunción de haber conspirado con los liderazgos del Cártel de Sinaloa a cambio de recursos y respaldo político y, analíticamente, ilustran con precisión la tesis del Departamento de Estado: cuando la corrupción institucional deja de ser un acto aislado de soborno y se transforma en una red de complicidad, el Estado experimenta una transferencia informal de capacidades públicas hacia actores privados y violentos. En un territorio donde las facciones del crimen organizado disputan no sólo rutas, sino la vida cotidiana de las comunidades, la presencia de funcionarios señalados por “ayudar y favorecer” fractura el principio weberiano fundamental: el aparato encargado de ejercer la ley se convierte, en los hechos, en un recurso de su propio adversario.
El caso de La Barredora en Tabasco y el señalamiento directo contra Hernán Bermúdez Requena, junto con las implicaciones políticas que rozan la figura de Adán Augusto López, desnudan una dimensión aún más compleja de la porosidad institucional. Cuando un mando policial de alto rango o una estructura de seguridad entera es cooptada por un grupo criminal, la frontera entre la autoridad legítima y el poder fáctico se desvanece: no se trata de que los delincuentes sustituyan al Gobierno instalando escuelas o aduanas formales, la dominación fáctica consiste en que logran decidir qué patrullas no llegan, qué investigaciones se archivan y qué bandas operan con impunidad absoluta. El funcionario corrupto no sólo acepta dinero, transfiere al crimen organizado la potestad coercitiva que originalmente le pertenece en exclusiva al Estado.
Desde la perspectiva de Weber, el Estado moderno descansa en su pretensión legítima de monopolizar la violencia física dentro de un territorio. Cuando los cárteles compran, coaccionan o integran a sus redes a políticos y policías, obtienen una ventaja extraordinaria sin necesidad de asaltar palacios de Gobierno. La ausencia de coerción estatal en zonas clave del país —como ocurre fragmentariamente en Sinaloa, Tabasco, Michoacán, Tamaulipas, Guerrero y otras regiones— crea una zona de ambigüedad donde la soberanía jurídica de la Constitución choca con la cruda sociología de quién manda y a quién se obedece en la práctica.
La exigencia estadunidense de procesar a los funcionarios corruptos es el señalamiento de una vulnerabilidad estructural. El desafío para México no radica únicamente en abatir o detener a los capos de los cárteles, sino en garantizar que ningún poder privado logre apropiarse de una parte sustantiva de la autoridad. ¿Más claro? Imposible.