La sociedad civil es aire fresco para cualquier democracia. Surge de la voluntad de individuos comprometidos con diversas causas que se organizan en entidades con el objetivo de generar un impacto social positivo.
Dado su beneficio para la sociedad, existe un marco legal que les permite alcanzar el estatus de donatarias autorizadas, lo que posibilita recibir donativos de personas físicas y morales con efectos de deducibilidad fiscal.
Hasta este punto, existe consenso sobre la relevancia estratégica que representan las organizaciones civiles para el país. Sin embargo, la realidad ha evolucionado de forma adversa. Por un lado, el Estado, en los últimos 15 años, ha enfrentado una creciente necesidad de recursos; por otro, el abuso de esta figura —ya sea para beneficio indebido o incluso para evasión fiscal— ha generado un entorno complejo para el sector.
La deducibilidad de los donativos implica una reducción en la recaudación tributaria, lo que presiona las finanzas públicas. El punto de quiebre no se originó en un gran fraude visible, sino en cientos de abusos pequeños e invisibles que erosionaron la credibilidad del sector y detonaron cambios normativos constantes y cada vez más estrictos.
Se transitó de un esquema con incentivos para fomentar la participación ciudadana a un régimen altamente regulado, con múltiples restricciones, mayor supervisión y un incremento sostenido en las obligaciones de cumplimiento.
En este contexto, pagan justos por pecadores. Los abusos sistemáticos derivaron en exigencias normativas excesivamente rigurosas que impactan a todo el ecosistema de donatarias.
Hoy, la realidad operativa de estas organizaciones exige destinar recursos a personal especializado o a despachos externos para cumplir con el marco regulatorio, lo que desvía enfoque y presupuesto de su actividad sustantiva: generar valor social.
Tan solo en 2025 se registraron más de 270 revocaciones y no renovaciones de autorizaciones. Esta tendencia se ha mantenido de forma sostenida en los últimos tres años.
El tema ha cobrado visibilidad mediática, particularmente por casos como Reinserta, encabezada por Saskia Niño de Rivera, así como por organizaciones como Mexicanos Primero y el Instituto Mexicano para la Competitividad, que han impulsado la conversación pública. Estas, como muchas otras, han sido impactadas por el creciente nivel de especialización y rigor normativo.
El reto estructural es claro: las organizaciones civiles pueden ser expertas en las causas sociales que atienden, pero eso ya no es suficiente. Hoy requieren acompañamiento técnico o capacitación en instituciones como el Centro Mexicano para la Filantropía o el Colegio Mexicano de Contadores Públicos, que apoyan en el cumplimiento regulatorio.
El problema de fondo es el encarecimiento de la operación de las organizaciones civiles. La sobrerregulación ha transformado un esquema de incentivos en uno altamente técnico, que demanda capital humano especializado y eleva las barreras de entrada y permanencia.
En síntesis, el sector enfrenta una disyuntiva crítica: profesionalizarse o desaparecer.