Apenas mes y medio después de arrancar el proceso electoral 2026-2027, el INE enfrenta la mayor crisis de su historia reciente. Las filtraciones que pusieron en duda la actuación del máximo árbitro electoral tienen un origen y un porqué que poco se averiguará, pero mucho se deducirá. Exhibir presuntos actos de corrupción basta para cuestionar la honorabilidad de la alta funcionaria y, con ello, intentar desestabilizar al instituto.
Como contrafuego inmediato, la renuncia de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, y de otros tres funcionarios de primer nivel busca apagar los cuestionamientos y dejar al Órgano Interno de Control la tarea de indagar los detalles del incendio y sus alcances. Hoy, cuando el fuego apenas está confinado, surgen más dudas:
¿Dónde estuvo la contraloría interna mientras se permitían los conflictos de interés señalados y los contratos millonarios? ¿Ninguno de los consejeros advirtió las relaciones sospechosas con proveedores?
Una investigación de ese nivel, con todas las auditorías e instancias involucradas, tardará en establecer la verdad procesal. Lo más grave hoy es la desconfianza que se siembra en el mayor órgano colegiado y plural del país, que presumía su autonomía.
Mientras tanto, ese mismo órgano designó de forma unánime y provisional a Blanca Cruz García como consejera presidenta. Por lo pronto ordenó congelar contratos y prometió transparencia. Tendrá cuatro semanas de alta responsabilidad mientras la Cámara de Diputados analiza, negocia y decide quién ocupará el cargo de manera permanente, como lo hizo hace tres años con Taddei.
Cabe preguntarse, además, si no es necesario revisar el enorme poder conferido a la presidencia del Consejo, que maneja con cierta discrecionalidad un presupuesto de 14 mil 100 millones de pesos. El reto es garantizar la transparencia para una elección intermedia de gran peso para el país, y tan importante como eso es recuperar la honorabilidad y la autonomía del instituto, blindándolo de la corrupción y de las injerencias políticas.