La mujer no es un objeto”. Con esa frase contundente me quedé tras la entrevista que realicé a la secretaria de las Mujeres en Nuevo León, Graciela Buchanan, con motivo del mes dedicado a la reflexión y la lucha por la libertad, dignidad, igualdad, autonomía y justicia de este sector de la población.
Más allá de las estadísticas que aún deben revertirse y de los programas y servicios necesarios para atender la problemática, existe por parte de la autoridad una preocupación seria: no permitir que la mujer sea utilizada como un objeto vulnerable a intereses e injusticias. Sin embargo, en la política persisten historias vigentes que retumban en la indignación pública.
Ahí está el caso de la ex diputada y funcionaria municipal de Monterrey, Karina Barrón, acusada por el senador Waldo Fernández de falsedad de declaraciones y extorsión, entre otros señalamientos graves. Según el legislador, la acusada habría fabricado una denuncia de acoso sexual en su contra, pagando a una mujer un millón de pesos para hacerse pasar como presunta víctima de violación y denunciarlo. De confirmarse, se trataría de una complicidad que implica el uso de una mujer contra otra, instrumentalizando una causa legítima para fines políticos.
Por otro lado, surge el debate sobre la propuesta de establecer la paridad de género obligatoria para la gubernatura de Nuevo León. Bajo el argumento de impulsar la participación femenina, cabe preguntarse: ¿No se corre el riesgo de desvirtuar la esencia de la igualdad al imponer el género como condición? Si las mujeres han luchado históricamente por piso parejo y competencia justa, ¿por qué reducir su capacidad política a una cuota obligatoria?
México tiene hoy una Presidenta que demostró que se puede competir y ganar sin que el género sea impuesto como requisito, sino como resultado del respaldo ciudadano. Lo alcanzado en la historia de los derechos políticos y sociales de las mujeres ha sido fruto de décadas de lucha. Aunque aún falta mucho por avanzar, el esfuerzo permanente de instituciones por fortalecer la cultura de la denuncia, la atención y la justicia no merece ser desvirtuado por maniobras políticas.
Ya sea al fabricar un delito o al pretender asegurar la sucesión y perpetuar el poder mediante mecanismos cuestionables, en ambos casos resulta indignante el uso faccioso de la mujer como objeto. La causa de la igualdad no puede convertirse en herramienta de conveniencia.