Cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia (Arturo Zaldívar –su presidente, mi ex alumno-, Loreta Ortiz –mi compañera de generación; ambos en la Libre de Derecho-, Yasmín Esquivel y Juan Luis González Alcántara C) se doblaron en la última sesión ante la pregunta impuesta por legisladores de Obrador para la consulta sobre “revocación-ratificación” de mandato que se efectuará el 10 de abril. Los otros 7 ministros apoyaron la ponencia del ministro Jorge Mario Pardo (también de la Libre) y argumentaron, con razón, que la pregunta así redactada es inconstitucional, por incluir la “ratificación” (que AMLO “siga en la Presidencia de la República hasta que termine su período”), aparte de la “revocación” pura y simple (“que a AMLO se le revoque el mandato por pérdida de la confianza”), como exigen la Constitución y la ley. De acuerdo al Art. 105 Constitucional, se requerían 8 votos en el pleno de la Corte para suprimir la opción de que “siga” en su cargo. “Hay un desbalance político en la pregunta. Desnaturaliza la figura de revocación de mandato al incluir expresamente la opción de ratificación…”, impulsada expresamente como ratificación por López Obrador y fanáticos.
Se evidenció que una sola organización, “Que Siga la Democracia” (su nombre delata busca “siga”), entregó más de 9 millones de firmas, de un total de más de 11 millones presentadas para la consulta; bastaban 3 millones. Por muestra del INE se constata que 25% de ciudadanos no dieron su firma y apareció su nombre. Quienes más firmaron fueron hombres de 65 años o más (firma a la hora de recoger sus cheques de adultos mayores). También se exhibieron fraudes con documentos ajenos, simulación de apoyos y suplantación de voluntad. Lograr “Se le revoque el mandato por pérdida de la confianza” exige vote el 40% de electores, esto es 37 millones (en consulta contra ex-presidentes participaron apenas 6.6 millones de ciudadanos).
¿Qué debemos hacer los ciudadanos cuidadosos de éste país, de su Constitución, sus instituciones y de nuestras libertades? No caer en simulación, toda vez que la condición básica de este instrumento de la ciudadanía es la “pérdida de la confianza”, como dice la ley, y para evitar mayores males; sus promotores no están ahí. Vayamos por un abstención activa, porque: 1º. Fue electo para seis años; 2º No se necesita una votación que confirme deba seguir para período para el que fue electo; que termine y se vaya; 3º Los niveles de aprobación que hoy tiene (60%, como en su tiempo Fox o Calderón), para el 10 de abril (a solo 2 meses) disminuirán muy poco, y por tanto la revocación es improbable. 4º. El dinero a destinar a consulta ($1,700 millones de pesos) se restarán a atender necesidades más urgentes de la población, lo que hay que reclamar. 5º. Nos distraerá de los problemas irresueltos, y la nueva corrupción, violencia y muerte. 6º.Los riesgos y amenazas de intentos de reelección de un hombre enfermo como AMLO se pueden alimentar para un “continuismo autoritario”(pasó en Venezuela y Bolivia. Solo en Sudamérica existe la revocación del titular del Ejecutivo). 7º. Se profundizará más la división entre mexicanos; 7º. Será un precedente nefasto para el futuro: los presidentes buscarán solo su popularidad, no resolver problemas; 8º. Una baja participación (lo más probable) invalida la consulta con amenazas para el INE y graves daños para el país; 9º. La consulta ya trastoca la gobernabilidad. 10º. Los contrapesos constitucionales corrigen mejor los daños actuales y futuros.
Recuerdo a Efraín González Morfín, ya candidato presidencial en 1970, luego del fraude de Díaz Ordaz contra el pueblo yucateco: consideró la abstención activa como actitud moral ante simulación electoral, y un deber exhibir dentro y fuera esa simulación. La Convención Nacional lo obligó a seguir en campaña. En 1976 sí se dejó solo al PRI y funcionó. Es un deber no participar y exhibir farsa obradorista. No nos distraigamos. Concentrémonos en hacer atender nuestros graves y añosos problemas. Formemos ciudadanos que hagan de la abstención activa su respuesta.
Juan Miguel Alcántara