Va a sonar reiterativo, pero no hay de otra: ¿el Modelo Coahuila de Seguridad se reduce a que no haya balazos en la calle? ¿Y la violenta acción de policías estatales y municipales contra la población dónde queda, en qué casillero la registramos?
La señora Gabriela Gómez, madre de Aline, familia residente en Torreón, ha levantado la voz y llegará hasta sus últimas consecuencias.
Exige justicia por la detención arbitraria, injusta, abusiva y hasta de atentar contra la integridad física y mental de su hija, a quien –asegura- elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) violaron a la joven de 24 años la madrugada del domingo 31 de mayo pasado, una vez que la esposaron en las cercanías de la avenida Morelos y calzada Colón.
Denuncia de por medio, hay un expediente, o carpeta de investigación, a la que tuvo acceso quien esto escribe, como igual a mensajes de whatsapp y fotografías, y porque la madre de familia logró hablar ya con el mandatario Manolo Jiménez el pasado lunes para informarlo y no lo engañen de que todo está bien en estos lares.
El Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer de Torreón, el Hospital General (Manto de la Virgen), la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), el Poder Judicial estatal (Fiscalía) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos están en el tema, además de que la mamá de la víctima tiene en su poder un par de peritajes hechos por médicos legistas y han sabido identificar a los presuntos culpables.
Por ahora, se pregunta algo que no le han querido responder en la DSPM, ¿en qué condición legal están la elemento y el elemento involucrados? ¿Suspendidos? ¿Resguardados? ¿Siguen activos?
Aline fue víctima de abuso de autoridad, lesiones y daños, lo que se hace constar en los reportes médicos, incluso de alteración de sus facultades mentales por la experiencia vivida.
Cabe decir, y es algo irrebatible, que en Torreón las quejas y denuncias contra la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) suman el mayor porcentaje de los expedientes abiertos en la delegación de la CDHEC, esto es recurrente y supera los datos de otros municipios.
Robo, tortura, detenciones arbitrarias y abuso sexual, son parte de ese exceso de fuerza y el ejercicio indebido de la función pública.
Hace unos días se informó de las dos últimas recomendaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos contra la Agencia del Ministerio Público de Asuntos Familiares de la Región Laguna II por dilación a la procuración de justicia.
¿Qué pasa, señor gobernador, señor fiscal, señor director de Seguridad Pública?
¿De qué se trata esta práctica de sus elementos cuyo compromiso es la prevención de la inseguridad y violencia en territorio?
El llamado de la señora Gabriela Gómez (con estudios universitarios de leyes y criminología) es poderoso, convincente.
El caso de su hija no quiere que forme parte de la estadística que indica que en nuestro país de cada cien delitos cometidos, apenas el 6.4 por ciento se denuncia y, penosamente, solo un 14 por ciento se resuelve.
Por ello, llama la atención que desde la esfera gubernamental se diga a los cuatro vientos que Torreón y Coahuila son casi el paraíso terrenal en el área de seguridad pública.
No, no hay tal, al contrario, la ciudadanía no cree esa narrativa, y en redes sociales, en la plática de café, en la calle, en las familias, no deja de comentarse la creciente desconfianza que mucha gente tiene –porque la padece- ante la DSPM, los agentes del Ministerio Pública y la Fiscalía.
Por ello, según informó la prensa, en los primeros cinco meses de 2026, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila emitió siete recomendaciones relacionadas con presuntas violaciones a derechos humanos.
La queja, que es colectiva, se endereza contra las y los elementos que trastornan la vida ciudadana y no necesariamente contra las instituciones o dependencias en la materia.
Parece que el mensaje del gobernador no tiene eco en las instancias citadas, y que el trabajo en seguridad solo se enfoca y presume en combatir a grupos criminales, y se deja expuesta a la sociedad que debe soportar la brutalidad policíaca y uso excesivo e innecesario de su fuerza.