Todos los cambios de fondo y transformadores de la sociedad y de su régimen político o económico tienen impacto en otros sectores, lo que entraña retos, pues no son recetas infalibles y muchas veces las fallas se muestran ya durante la operación, pues algunas veces las modificaciones son motivadas por ambiciones ocultas de sectores que obtienen prebendas de estos, o son cambios que impiden otros cambios.
Así, la reforma judicial, si bien no abriga grandes expectativas, sí tiene muchas cosas que resultan destacables, por ejemplo acabar con la impunidad judicial de los jueces, magistrados y ministros, ya que fraccionan el poder absoluto de la Suprema Corte de Justicia, cuya impunidad parte de que no había recurso oponible a sus decisiones incluso aquellas violatorias de la constitución.
Además, abusos como cargar al presupuesto amantes y familiares, claro, el quitar esas ínsulas de poder e impunidad no es bien recibido, no sólo por la Corte sino por los sectores beneficiados de ese poder sin contrapesos que tenía y que se erigía como la última palabra por encima de los demás poderes, incluso torciendo sin consecuencias la constitución y las leyes.
Pues el martes pasado la reforma judicial se aprobó en el senado con mayoría calificada. Pero antes, al observar los grupos opositores que Morena y sus aliados ya lo habían logrado dicha mayoría, tomaron la decisión de irrumpir con grupos de choque con porros llevados exprofeso, logrando entrar al pleno para impedir los trabajos legislativos.
Después de un accidentado proceso, que incluyó la toma de la cámara de senadores, la mesa directiva suspendió la sesión hasta que se pudiera continuar en ese recinto o en otro alterno. Finalmente, con un voto de la oposición, del Partido Accion Nacional a través de Miguel Ángel Yunes Márquez, y ante la falta de un senador de Movimiento Ciudadano, la votación fue 86 a favor contra 41. Solo esperemos que no nos sorprendan con una nueva chicanada sobre esta aprobación, pues ahora solo resta que los congresos de los estados la aprueben en al menos 17 entidades federativas y esta ley quedaría firme. Ojalá sea para el bien de México.