Está claro que, en lo que a educación se refiere, la 4T privilegia la cantidad sobre la calidad. Entiendo su motivación: ampliar las oportunidades para que nadie se quede fuera. El problema es que, en lugar de elevar el nivel y buscar que más jóvenes lo alcancen, el gobierno parece optar por reducir las exigencias para que quienes están rezagados no se sientan excluidos. Es una manera fácil, pero equivocada, de combatir la desigualdad.
Un ejemplo ilustrativo es la nueva política sobre las escoltas en escuelas primarias. Las calificaciones y la conducta dejan de ser criterios para formar parte de ellas. De hecho, los nuevos lineamientos establecen que no se deben utilizar criterios que puedan resultar excluyentes. Bajo esta lógica, cualquier distinción basada en el mérito se vuelve cuestionable. Llevada al extremo, la conclusión sería eliminar las calificaciones para que nadie tenga que enfrentar la incómoda realidad de que algunos alumnos tienen un mejor desempeño académico que otros. La misma tensión entre inclusión y exigencia aparece en la expansión de la educación media superior y superior que propone el gobierno.
La 4T ha ampliado considerablemente el acceso a la educación media superior. En principio, hace sentido. Uno de los puntos de quiebre más importantes en la trayectoria educativa ocurre después de la secundaria. Lo que está por verse si logran ampliar la cobertura sin deteriorar el nivel académico. Por lo pronto, el gobierno anunció que los alumnos recibirán, además del certificado de terminación del bachillerato, uno de formación profesional. Buena idea, siempre y cuando venga acompañado del desarrollo de habilidades que lo respalden.
Algo similar ocurre con la universidad. El gobierno recién anunció 37 mil lugares adicionales para jóvenes que no lograron ingresar a la UNAM. Para obtener un lugar ya no será necesario presentar un examen de admisión. Con haber concluido el bachillerato será suficiente. La pregunta es qué nivel de exigencia habrá para graduarse, porque reducir los requisitos para obtener un título significa reducir su valor.
Qué bueno que se amplíen las plazas en el bachillerato y la universidad. Coincido en que el origen económico de una persona no debe determinar hasta dónde puede estudiar y celebro que existan opciones gratuitas para quien quiera seguir preparándose. Mi problema es que ampliar el acceso sacrificando la calidad es una receta para el fracaso. El enfoque debe de estar no sólo en generar más graduados, sino en prepararlos para enfrentar los retos de su vida profesional. Si no, mejor repartamos títulos a todos.
El propio discurso de la Presidenta refleja una apreciación cuestionable de la importancia de lo que significa una educación de calidad. Hace unos días criticó a la UNAM, su alma mater, al mismo tiempo que defendió las Universidades para el Bienestar afirmando que “son igual de buenas que las demás”. La calidad, sin embargo, no se decreta. Veremos si el mercado laboral opina lo mismo.