Aunque no me sorprende del todo, debo reconocer que la manera en la que el gobierno está reaccionando ante las críticas se ha vuelto cada vez más preocupante. No importa de quién provengan, la respuesta suele ser desacreditar al crítico y desestimar la crítica. Al parecer, tenemos un gobierno infalible.
Hace un par de semanas, Guillermo Ortiz publicó un artículo titulado “¿Están los mexicanos realmente mejor con Claudia Sheinbaum?”. El exsecretario de Hacienda y exgobernador de Banco de México cuestionó si la reducción de la pobreza es suficiente para afirmar que los mexicanos viven mejor que en 2018.
Ortiz no negó los logros del gobierno. Al contrario. Reconoció la importante reducción de la pobreza, el fuerte aumento del salario mínimo y la reciente caída de los homicidios. Pero también puso sobre la mesa datos incómodos: el deterioro de la educación y de los servicios de salud, la elevada informalidad laboral y el aumento de la extorsión. No se trata de opiniones, sino de hechos sustentados en indicadores oficiales.
La respuesta de Hacienda fue feroz. En lugar de refutar los datos de Ortiz, el secretario Amador optó por atacar al mensajero. Recordó que durante su gestión en Hacienda la pobreza aumentó de manera considerable. La Presidenta también se subió al ring y cuestionó en la mañanera las pensiones que reciben exfuncionarios como Ortiz.
No es un caso aislado. A principios de septiembre Hacienda reaccionó contra The Economist después de que la prestigiosa revista advirtiera sobre la percepción de riesgo de la deuda mexicana y las dudas de los inversionistas sobre el crecimiento del país. Hacienda sostuvo que el semanario había descontextualizado los datos. El gobierno tiene todo el derecho de defender su política económica y señalar errores cuando los haya. Lo preocupante es cuando la réplica deja de ser un intercambio de argumentos y se convierte en un intento sistemático por desacreditar a quien pone en duda la narrativa oficial.
Algo parecido sucede con frecuencia en las mañaneras. La tribuna presidencial, con una capacidad de amplificación sin igual, se usa no sólo para explicar políticas públicas, sino también para descalificar a periodistas, analistas y adversarios, independientemente de que sus críticas tengan mérito o no. Y ahora esta intolerancia llegó hasta los memes.
La reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, conocida como Ley Antimemes, contempla penas de cárcel por ciertos usos no autorizados de la identidad gráfica institucional del gobierno. Por lo visto, el gobierno no tiene sentido del humor.
Me queda claro que cualquier gobierno quiere defender sus resultados. A ninguno le gusta que le señalen errores y todos tienen incentivos para presentar la realidad bajo la luz más favorable posible. Pero detrás de esta actitud parece haber una estrategia consciente de nunca conceder nada. Negar, contraatacar y cambiar de tema. Porque para un gobierno infalible, el error siempre es de alguien más.