M+.- Entre los grandes aciertos políticos de López Obrador estuvo reconocer la importancia del precio de la gasolina para los electores (otro fue que los electores prefieren el efectivo sobre los servicios sociales). Cada peso que sube se resiente en los bolsillos de millones de mexicanos y su molestia puede manifestarse en las urnas. Sheinbaum ha hecho suyo este diagnóstico y ha optado por mantener una política de control de precios.
López Obrador entendió desde hace tiempo las consecuencias de un fuerte aumento en los precios de la gasolina. Vio el enorme costo político que pagó Enrique Peña Nieto tras el llamado gasolinazo de 2017 y lo explotó al máximo. La liberalización del precio, parte de la reforma energética, provocó aumentos abruptos que detonaron malestar social. López Obrador, con su incomparable olfato político, convirtió ese episodio en uno de los principales ejes de su crítica y se comprometió a no subir el precio de la gasolina en términos reales (es decir, por encima de la inflación) al llegar al poder.
Ya en la presidencia echó para atrás la reforma energética de Peña y restableció el control de precios. Para cumplirlo, el gobierno ha recurrido a estímulos fiscales al IEPS que amortiguan los incrementos internacionales en el precio del petróleo. Es una medida políticamente eficaz, pero puede resultar muy costosa en materia fiscal.
Sí, cuando el petróleo está barato, mantener el precio interno de la gasolina constante en términos reales genera importantes ingresos al gobierno. Esto se debe a que el control del precio funciona tanto al alza como a la baja. El compromiso es no subirlo más allá de la inflación, pero no necesariamente bajarlo cuando las condiciones externas lo permiten. Si el petróleo está barato y la gasolina constante, el gobierno gana.
El problema es cuando esta ecuación se invierte. Con petróleo más caro a raíz de la guerra en Irán (pasó de 60 a 100 dólares), el control de precios requiere subsidios significativos. Sheinbaum anunció a principios de abril que el gobierno estaba dejando de percibir más de 5 mil millones de pesos semanales por la reducción del IEPS como parte de la estrategia del gobierno de contener el alza en el precio del petróleo.
¿A quién beneficia este enorme subsidio? No a los más pobres. El apoyo se canaliza en gran medida a quienes tienen automóvil, es decir, a hogares que, en promedio, están mejor que aquellos que no lo tienen. Es una transferencia regresiva disfrazada de alivio generalizado.
Y no es que al gobierno le sobre el dinero. El déficit es de por sí elevado y la deuda como proporción del PIB va en aumento. No es sostenible mantener un subsidio de esta magnitud por tiempo prolongado sin consecuencias. El riesgo más inmediato es una presión adicional sobre la calificación crediticia del país. Puede ser una estrategia políticamente rentable, pero en términos fiscales el costo es muy elevado.