López Obrador llegó al poder bajo una serie de hipótesis, mejor dicho, convicciones que, según sus cálculos, transformarían México. La más relevante es que combatir la corrupción traería enormes beneficios económicos y sociales. Otra importante es que los proyectos que heredó estaban podridos de raíz, por lo que era necesario destruirlos y sustituirlos por unos nuevos que ofrecieran mejores resultados. Me queda claro que es prematuro tener un veredicto final, pero hasta el momento ambas hipótesis parecen estar equivocadas.
Para López Obrador la corrupción es la madre de todos los males. Bastante tiene de razón. No cabe duda de que es uno de los problemas de fondo del país. Su decisión de poner este tema en el centro de su programa de gobierno es loable; sin embargo, surge la duda de qué tan exitoso ha sido, tanto en capturar corruptos como en generar los beneficios prometidos.
El Presidente nos asegura que ha habido avances sustantivos. En la lucha contra el huachicol, por ejemplo, afirmó que en su primer año de gobierno se redujeron las pérdidas por el robo de combustible de 80 mil a 4 mil barriles diarios. El mes pasado declaró que el combate a la corrupción ha generado ahorros por 230 mil millones de pesos. La pregunta obligada es: ¿dónde está ese dinero? Si los logros son tan relevantes, ¿por qué no se han reflejado en mejoras tangibles?
Al atribuirle a la corrupción la causa de prácticamente todos los males de México —desde el bajo crecimiento económico y la inseguridad hasta la desigualdad—, la conclusión lógica es que con los avances significativos que menciona el Presidente existiría una mejora palpable en esos frentes. No ha sido el caso. Lejos de ello. La economía no creció el año pasado y la inseguridad está peor que nunca. Entiendo que los cambios no se dan de la noche a la mañana, pero el discurso de campaña del Presidente parecía sugerir que los beneficios se materializarían casi de inmediato.
Sobre su intención de destruir instituciones para construir nuevas y mejores, a la fecha solo ha cumplido con la primera parte. Ahí están las estancias infantiles y, más recientemente, el Seguro Popular. Bajo la misma mentalidad de demoler lo establecido, también se ha deshecho de proyectos como el aeropuerto de Texcoco y de reformas como la educativa.
¿Se han materializado los beneficios de los sustitutos? Claramente no. La razón es que es más fácil destruir que construir. En la mayoría de los casos, el Presidente habría hecho mejor en arreglar los problemas de los programas y proyectos que eliminó, incluido castigar los casos de corrupción.
Aunque todavía está por verse si funcionarán o no, las perspectivas de muchas de las nuevas iniciativas que vinieron a reemplazarlos, como la contrarreforma educativa, el Insabi y el aeropuerto de Santa Lucía son poco prometedoras. Ya veremos si el tiempo le da la razón a López Obrador o si sus principales hipótesis estaban equivocadas.