Desde hace semanas se ha hablado de la reforma electoral. La creación de la Comisión Presidencial, dirigida por Pablo Gómez –el primer plurinominal de México– que tendrá a su cargo la organización de foros y consultas, ha revelado los tintes del contenido de ésta, pues a diferencia de cualquier otra comisión que se pudo haber conformado, se optó sólo por el bando morenista.
Se sabe que la reforma de Morena busca la reducción del financiamiento a partidos, eliminación de plurinominales, cambios a organismos locales electorales y la modificación de requisitos para crear nuevos partidos; ¿nada acerca de sobrerrepresentación, incidencia de la criminalidad en elecciones, puertas abiertas para ciudadanos o mecanismos para alentar la participación? No, nada.
Si bien Morena defiende que con los ajustes prospectados se amplía la participación y el poder del pueblo, muchas voces de especialistas, advierten graves riesgos para la democracia, pues implica un golpe a los pocos contrapesos que se mantienen y concentra el poder político en un sólo lugar, pues la reforma no plantea solamente las reglas del juego electoral, sino quién controla y define las mismas.
Con partidos opositores debilitados financieramente, un INE controlado desde el interior, menos pluralidad representativa, y con el control de Morena sobre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, México estaría dando uno de los últimos pasos hacia la dictadura, pues lo único que nos queda es nuestro sistema democrático, y ahora van por ello.
De sobra está decir que si el objetivo de Morena es transparencia electoral, la respuesta es regulación y auditoría, no desaparecer las garantías de competencia. También está de más decir que no se devuelve el poder al pueblo concentrándolo, y no es necesario recordar que si verdaderamente buscan democratizar el sistema político, la dictadura es el camino contrario.
Lo cierto es que la experiencia nos dice lo que se avecina: foros, debates y consultas sobre la reforma, para que al final no se mueva una coma a la letra de Palacio Nacional. Por eso el PRI lo dice con claridad: no a la reforma electoral de Morena.